BUENOS AIRES. AP. Un tribunal argentino ordenó ayer investigar si la presidenta Cristina Fernández incurrió en delito por la firma de un decreto en 2013 que estableció beneficios para las petroleras con grandes proyectos de inversión justo antes de que la estatal de hidrocarburos YPF sellara un acuerdo con la estadounidense Chevron para la explotación conjunta del yacimiento de Vaca Muerta.

Diputados de un partido de izquierda denunciaron ante la justicia en 2013 que el decreto tenía la intención de beneficiar a Chevron y que por ello la presidenta habría incurrido en los delitos de incumplimiento de deberes de funcionarios público, abuso de autoridad y contaminación ambiental. Vaca Muerta es un reservorio de hidrocarburos no convencional.

Los jueces de la Sala II de la Cámara Criminal y Correccional Federal resolvieron ayer anular el fallo de un fiscal que había desestimado investigar a la jefa de Estado porque consideró que no había cometido delito. Los miembros del tribunal consideraron que el dictamen del fiscal Eduardo Taiano “carece de validez argumental” y que “existe una hipótesis penal susceptible de ser investigada, con independencia de cuál sea su resultado”, según el fallo.

El decreto estableció un régimen promocional para las petroleras que presenten proyectos de inversión para la explotación de hidrocarburos superiores a mil millones de dólares.