Investigarán legisladores por caso soborno

Investigarán legisladores por caso soborno

POR DIEGO PESQUEIRA
Varios legisladores serán investigados por el Departamento de Prevención de la Corrupción (DEPRECO) con relación al supuesto soborno por más de un millón de pesos que pagó la empresa Agregados del Lago para que se le adjudicara un contrato para la explotación de la mina de sal Salina Dos, de Barahona.

Con relación al caso, el DEPRECO, investiga al director de la Corporación de Empresas Estatales (CORDE), Manuel Antonio Tapia Linares y el presidente de la Comisión de Reforma de la empresa Pública, (CREP), Félix Alcántara.

De acuerdo a las informaciones Tapia Linares y Alcántara, se acusan mutuamente de cometer irregularidades en la revisión del contrato.

Los nombres de los legisladores que serán citados e investigados no fueron dados a conocer por el momento, debido a que Octavio Líster, director del DEPRECO, dijo que quiere evitar entorpecer las investigaciones.

En torno al caso, el director del DEPRECO, dijo que la investigación preliminar da cuenta de que el director de CORDE cerró la mina de sal sin tomar en cuenta la opinión de la CREP, institución con la misión de regular la empresas públicas.

Agregó que se vendió la sal existente y las chatarras que existían en la misma alegando que la compañía nunca le reportó ningún pago.

«Eso trajo como consecuencia que el presidente de agregados del Lago, Pedro Martínez, dominicano nacionalizado norteamericano informara que había sido extorsionado por el director de CORDE», expresó Líster.

Los investigadores han interrogado al subdirector de la CREP, el presidente de Agregados del Lago y el chofer del director de CORDE, cuyos nombres no fueron revelados.

Explicó que la investigación incluye el área financiera para determinar el movimiento de algunas cuentas bancarias de los implicados.

Líster confirmó que existe un cheque por RD$70,000 a nombre del chofer del director de CORDE y que tiene en su poder copia de otro de RD$700,000.

Inicialmente las autoridades del gobierno ocultaron los nombres de los funcionarios.

El procurador general Francisco Domínguez Brito consideró que si alguien es encontrado culpable de algún hecho deberá pagar igual que cualquier otro ciudadano.

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