Viena, (EFE).- América Latina va camino de ser la región del mundo más peligrosa para los periodistas, con dos países -México y Honduras- que contabilizan casi una cuarta parte de los reporteros muertos en 2010 en el ejercicio de su profesión, según denunció hoy el Instituto Internacional de la Prensa (IPI). 

   La región, con 31 muertes, representó un tercio de los 92 periodistas que perdieron la vida en 2010 en el mundo debido a su profesión y solo se vio superada por Asia, que registró 35 fallecidos, señaló el IPI en su Informe Anual Mundial sobre Libertad de Prensa, centrado este año en América Latina. 

   Las cifras en 2010 son mejores que las de 2009, que marcó un máximo histórico con 110 informadores fallecidos, ya sea por asesinatos o muertes en accidentes durante la cobertura de acontecimientos. 

   México, con 12 periodistas asesinados, es el segundo país más peligroso para los informadores, por detrás de Pakistán, con 15 reporteros muertos a causa de su trabajo. 

   El IPI explicó que aunque la atención pública tiende a centrarse en la muerte de periodistas en zonas bélicas como Afganistán y, más recientemente, Libia, «en México hay otra primera línea de un frente no menos letal».

   Anthony Mills, director del informe, aseguró que en comparación con los corresponsales de guerra muchos periodistas mexicanos «no son menos heroicos, no están menos comprometidos con la causa de recabar información al servicio del interés público en un país que afronta un conflicto muy real, muy violento y a menudo mortal».

   El IPI recuerda que muchos de los periodistas muertos en México fueron secuestrados y torturados antes de su muerte, y citó el caso de Valentín Valdés Espinosa, del diario «Zócalo Saltillo» del estado de Coahuila, cuyo cuerpo apareció con una nota advirtiendo: «Esto les va a pasar a los que no entiendan». 

   En Honduras fueron asesinados el año pasado 10 periodistas «con total impunidad», en un incremento de los asesinatos de informadores desde el derrocamiento de Manuel Zelaya en 2009 por un golpe de Estado y la posterior elección de Porfirio Lobo como presidente. 

   Esa cifra convierte al país centroamericano en el tercero del mundo más peligroso para los informadores, que caen en la autocensura por las intimidaciones de responsables que abusan de su autoridad, según el IPI. 

   En toda la región el principal problema, según el IPI, es la impunidad de quienes asesinan, agreden, acosan e intimidan a los periodistas. 

   «Instamos a nuestros colegas de los países más democráticos en América que unan sus voces a las nuestras para pedir a las autoridades que los asesinos de periodistas rindan cuentas ante la Justicia», exigió la directora del instituto, Alison Bethel McKenzie. 

   En Colombia dos periodistas fueron asesinados a tiros por desconocidos y un tercero murió apuñalado, mientras que en Brasil otros dos reporteros perdieron la vida también por disparos. 

   «La corrupción, incluso dentro del poder judicial, y los lazos con la administración militar de grupos de matones, continuó afectando al periodismo en Colombia», advirtió el IPI. 

   En Guatemala se registró un asesinato, y otro periodista murió durante la cobertura de la erupción del volcán Pacaya. 

   Un periodista falleció en Nicaragua cuando el camión en el que viajaba fue arrastrado por las aguas durante las inundaciones, mientras que otro murió en Ecuador en una colisión de su vehículo, calificada por el IPI de «sospechosa». 

   En el Caribe no se registraron muertes, pero el IPI subraya que en esa región «los periodistas deben hacer frente a obsoletas leyes penales por difamación». 

   Aunque en Cuba el Gobierno accedió a liberar a 29 periodistas, los informadores en ese país «continúan trabajando bajo asfixiantes restricciones». 

   El IPI recuerda que en septiembre de 2010 La Habana impidió a la bloguera Yoani Sánchez viajar a Viena para recoger el premio de Heroína de la Libertad de Prensa, concedido por el Instituto. 

   «A los medios de comunicación estatales les resulta prácticamente imposible trabajar de forma independiente sin ser detenidos e intimidados por funcionarios estatales y, a menudo, ser acusados de difundir propaganda enemiga», denunció el IPI. 

   El instituto también critica que en Venezuela se utilice la Justicia para intimidar a los periodistas y que la Ley de Responsabilidad Social se emplee como «herramienta para cerrar medios críticos». 

   También en Argentina «los periodistas que informan sobre temas controvertidos siguen siendo hostigados y agredidos», criticó el IPI. EFE