NACIONES UNIDAS (EFE).- El Gobierno iraquí mostró ayer su decepción por los resultados preliminares de la investigación del programa de la ONU en el país, y acusó a la organización de haber facilitado la pervivencia del régimen de Sadam Husein.

En una rueda de prensa, el embajador iraquí ante la ONU, Samir Sumaidaie, culpó directamente al secretario general de la organización, Kofi Annan, y a su antecesor, Butros Gali, por haber permitido un relajamiento de las sanciones impuestas al régimen de Husein a partir de 1996.

«Las sanciones se impusieron para restringir la capacidad de Husein de amenazar al mundo, a sus vecinos, y de seguir persiguiendo a su pueblo, y, sin embargo, la ONU le permitió vivir en una situación más cómoda», añadió.

El embajador se refería al programa humanitario creado en 1996, denominado «Petróleo por Alimentos», y que permitió al antiguo régimen iraquí vender petróleo para poder comprar bienes de primera necesidad, y así aliviar los efectos del embargo.

Tras la caída de Husein, surgieron multitud de denuncias sobre corrupción y fraude en la gestión de este ambicioso programa, que llegó a mover recursos por importe de unos 65.000 millones de dólares.

En concreto, se acusó al régimen de Husein de haber ofrecido a empresas y personalidades contratos de petróleo que podía vender en el mercado internacional con un sobreprecio a cambio de favores políticos y de comisiones.

Ante la profusión de denuncias tras la caída del dictador, Annan encargó una investigación a un panel independiente, cuyas primeras conclusiones fueron dadas a conocer el jueves.

Este informe preliminar acusa al director del programa humanitario, Benon Sevan, de haber incurrido en un «conflicto de intereses», al haber pedido expresamente al régimen de Husein que se le asignara petróleo a una pequeña empresa suiza, African Middle East Petroleum (AMEP), propiedad de un familiar de Butros Gali.

Pese a la conducta «éticamente inapropiada» de Sevan, el embajador iraquí consideró que el informe no aborda convenientemente la multitud de denuncias que hay sobre el programa humanitario, especialmente porque sólo se ha apuntado a funcionarios de alto nivel.

En su opinión, los investigadores deben fijarse también en los funcionarios que trabajaban «sobre el terreno», y que estaban desplazados en Irak y en las fronteras del país, pues hay evidencias de que colaboraron en el contrabando ilegal de crudo, lo que se convirtió en una de las grandes fuentes de financiación de Husein.

El jueves, el jefe del equipo investigador, Paul Volcker, aseguró que Estados Unidos y otros miembros del Consejo de Seguridad de la ONU conocían la existencia de este contrabando, que violaba las sanciones de la ONU.

Hoy, sin embargo, y pese a las críticas al secretariado de la ONU por la mala gestión de los fondos, el embajador iraquí se negó a condenar la actuación del Consejo de Seguridad. «Los historiadores sacarán sus conclusiones», dijo.

Se quejó, sin embargo, de que el equipo de investigadores que dirige Volcker esté financiando su trabajo con el remanente de dinero que quedó sin utilizar del programa humanitario, pues consideró que esos recursos pertenecen al pueblo iraquí.

Tras publicarse el informe el jueves, Annan reiteró hoy su determinación a «tomar medidas» para evitar que el caso continúe «ensombreciendo a la ONU».

«Evidentemente, hay algunas conclusiones en el informe que suponen un duro golpe, y por ello tenemos que actuar sin demora», indicó.

En un breve encuentro con la prensa, explicó que «el mínimo indicio de corrupción, de comportamiento dudoso, de violación de las normas es perjudicial, peligroso y no podemos descuidarlo. Lo debemos tomar con seriedad». EFE