Ironía legislativa o primarias invertida

ROSARIO ESPINAL
La Ley de Primarias No.286-04 del 15 de agosto del 2004 ha desatado una justa y necesaria polémica sobre los beneficios y perjuicios de la misma. La Ley establece “un sistema de elecciones primarias mediante el voto universal, directo y secreto con la participación de todos los electores, como forma de garantizar la democracia interna en la selección de las candidaturas de los partidos y agrupaciones para funciones electivas en los niveles presidencial, congresional y municipal”.  La ley encarga a la Junta Central Electoral de organizar las primarias.

De entrada, la propuesta parece democrática, institucionalista y moderna.

Los perredeístas que aprobaron la ley la han defendido como un instrumento adecuado para la democratización y modernización de los partidos políticos.

Son los mismos que en el 2002 aprobaron una modificación a la Constitución de la República simplemente para permitirle la reelección al ex-presidente Hipólito Mejía, y los que a principios del 2004 apoyaron la candidatura de Mejía escogida en una convención sin competitividad partidaria.

¿Qué buscó el gobierno del PRD con la aprobación de esa ley?  ¿Redención política después de los atentados cometidos contra la democracia dominicana entre el 2002 y el 2004?  ¿Mayor caos político en un país abatido por la pobreza, la delincuencia, la corrupción y la ineficiencia en los poderes públicos e instituciones políticas?

La Ley de Primarias 286-04 suena a democracia, pero sólo es democrática en el sonido, no en la sustancia ni en sus consecuencias.

Diversos juristas la han criticado por su inconstitucionalidad.  Argumentan que los partidos son asociaciones privadas que tienen derecho a determinar libremente sus métodos de selección de candidaturas.

Otros la han criticado por los problemas logísticos de la organización de primarias nacionales para elegir cientos de candidatura, por el costo económico de celebrar primarias nacionales cada dos años, por la carga operativa que representaría para la Junta Central Electoral realizar esta labor, y por el cansancio político que causaría en la población someterse a procesos electorales cada año.

Todas son críticas válidas que deben servir de argumentos contundentes para que los dirigentes políticos y sociales comprometidos con la supervivencia de la maltrecha democracia dominicana se opongan a esta legislación.

Porque no todo lo que suena democrático contribuye al fortalecimiento de la democracia.

Un problema grave de la Ley de Primarias trasciende lo constitucional y logístico, yendo a la esencia de la relación entre partidos y elecciones en una democracia.

Los partidos son organizaciones que deben tener ideologías y programas más o menos coherentes y articulados para ofertarle una visión de futuro a la ciudadanía.  Las elecciones representan el momento de articular esas propuestas partidarias para que la ciudadanía tome decisiones en la selección de sus futuros gobernantes.

Esta es la razón de ser de los partidos y de las elecciones en una democracia.

De no ser así, la ciudadanía podría perfectamente elegir sus gobernantes entre individuos que se presenten a las elecciones sin una vinculación partidaria para competir por los cargos.  Ningún partido controlaría nada, ni los funcionarios electos tendrían que responder a ninguna organización política.  No habría partidos sino agentes políticos individuales que compiten por puestos y votos.

La Ley de Primarias promulgada el 15 de agosto crea una situación que se aproxima a lo descrito, a pesar de que se defienda como un salvamento necesario de los partidos en crisis.

En un sistema de primarias abiertas de voto universal como lo establece la Ley 286-04, los candidatos son agentes libres que se desgarran y desgastan ante la ciudadanía en su competencia feroz por obtener la nominación a cargos electivos.  Luego esos mismos candidatos tienen que apoyar a los vencedores de su partido en las elecciones para elegir gobierno.

Este proceso es nocivo para democracia y para el discernimiento ciudadano, no importa en cuantos países del mundo exista o se implemente este inadecuado sistema.

Es cierto que la selección de candidaturas de partidos en una democracia requiere de la libre competencia partidaria.  Por eso las primarias son importantes y deben realizarse libremente.

Pero la organización y el costo de las primarias partidarias deben ser asumidas por los partidos: por sus miembros y dirigentes.  Les toca a ellos enfrentar sus problemas internos, vencer el autoritarismo y la manipulación, lograr que se abran oportunidades para los nuevos líderes, y articular programas de gobierno para presentarle a la nación en las elecciones.

Estas son responsabilidades partidarias que no deben traspasarse al electorado en general, porque el papel de la ciudadanía no es elegir candidatos para llenar las candidaturas partidarias, sino elegir entre candidatos de partidos para formar gobierno.

La Ley de Primarias 286-04 refleja una ironía legislativa o una concepción equivocada e invertida del propósito de las primarias.  La ciudadanía no debe pagar ahora el precio de esos errores de concepción o intención de quienes la aprobaron.