Dos graves actuaciones del poder del pasado llegan al primer plano al descubrirse con un cedazo a los pagos en cheques del Estado que mil millones de pesos al año se dirigían a bolsillos de figurines políticos que no trabajaban -privilegio de claro sello partidario de gestiones gubernamentales- y por el logro de la administración actual de poner fin un leonino pago de peaje sombra aplicado desde el 2008 por la construcción de la autopista a Samaná en infame entrega a intereses corporativos que han sangrado en dólares a los dominicanos.

Enormes perjuicios a la nación por los que deberían establecerse responsabilidades y elevar demandas civiles para resarcir al fisco, existiendo ya el precedente de reclamar la devolución de 23 mil millones de pesos obtenidos delictivamente en recientes años, según acusaciones.

Negar que aquí predominó un vacío de fiscalizaciones y de auditorías sobre actos recientes o de períodos anteriores solo puede provenir de críticos subordinados a intereses y propósitos partidarios con pretensión de justificar lo injustificable poniendo sellos políticos donde no van.

Tras el ajusticiamiento del dictador Trujillo el país siguió expuesto a gente interesada en aprovecharse malsanamente de la política, de lo que estuvo convencido el profesor Juan Bosch que dejó la impronta de un mandatario que nunca transigió con el peculado y quiso crear un paredón moral para los corruptos.