POR MINERVA ISA Y ELADIO PICHARDO
El irrespeto a la ley y los abusos de poder, magnificados en los últimos cuatro años, quebraron la institucionalidad, desencadenaron un estado de incertidumbre, de inseguridad personal y económica. El país quedó desvalido, en penosa postración y lastimoso desamparo, se volvió receloso, medroso, descreído, sin saber a qué atenerse, hacia dónde iba, adónde lo llevaban las sinrazones y desatinos.

La cultura caudillista y personalista dominante en la conducción del Estado, la fragilidad de las instituciones y la persistencia por decenios de las debilidades políticas, sociales y culturales que nos enquistan en el subdesarrollo, han sido una constante dominicana. Mas, nunca como en la malahora del gobierno “pepehachista” que propició la ilegalidad, obstaculizó la gobernabilidad y la convivencia democrática.

Históricamente, confrontamos un grave problema de repercusiones nefastas: la violación impune y sistemática de la Constitución y de las leyes que, por su recurrencia, se apoderó de la siquis colectiva, permitiéndola, perpetuándola.

Sin inmutarse, con negligencia avergonzante, la sociedad acepta la interpretación y aplicación interesada o antojadiza de la legislación vigente, su uso como arma política o económica, la promulgación de leyes en función de necesidades particulares o grupales, la existencia de instituciones vetustas, desnaturalizadas, duales, acomodadas a la conveniencia de los gobernantes de turno.

La agudización de esas irregularidades en la gestión de Hipólito Mejía devino en un acendrado descreimiento en todo el estamento oficial. Se desconfía de los gobiernos, de los organismos responsables del orden y la administración de justicia, del sindicalismo, el comercio especulador y la banca que fraudulenta y alegremente utiliza la cartera de ahorros.

Vivimos en una cultura de ilegalidad y hay que frenarla, cumplir la ley sin privilegios ni distinciones desde los más potentados a los más pobres, quienes abarrotan las cárceles. Urge aplicar sanciones de manera específica y contundente, desarrollar mecanismos de educación y disuasión, ganar conciencia de que el respeto al ordenamiento jurídico garantiza el bienestar ciudadano y el desarrollo como nación.

En vez de ponerle coto, la ilegalidad se fue robusteciendo con un sector político en permanente rebatiña que no se aviene a reglas, incapaz de institucionalizar siquiera a su partido, como impenitentemente se comporta el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), protagonista principal del devastador retroceso, una responsabilidad compartida con reformistas y peledeístas, las demás fuerzas políticas y gran parte de la sociedad.

La frágil institucionalidad tiene expresión en un Estado patrimonial usado a discrecionalidad por el partido de turno o la facción dominante, en gobernantes con ínfulas de soberanos que se abrogan funciones de su incompetencia, con un poder hegemónico, avasallador, afianzado por la impunidad.

Los mandos políticos en los poderes del Estado operan primordialmente en el Ejecutivo, que ignorando los preceptos constitucionales y en virtud de compromisos contraídos, interfiere en el Legislativo, manipulando un Congreso corrupto, un mercado de leyes vendidas al mejor postor, donde las legislaciones perimen en ausencia del “hombre del maletín”, de los cabilderos del gobierno o de los empresarios.

Aunque con mayor modernización e independencia tras el proceso de reforma iniciado en 1997, aún inconcluso, el Poder Judicial no escapa a la injerencia partidista, que tiende sus tentáculos con la elección de los miembros de la Suprema Corte de Justicia por el Consejo Nacional de la Magistratura, integrada por políticos. Esto coarta y debilita al sistema jurídico, no exento de jueces venales, que difícilmente supere la fragilidad mientras el Ministerio Público dependa del Ejecutivo.

Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, madrigueras de delincuentes y narcotraficantes, tampoco están libres de la politización, propulsora de retiros y ascensos. Como en tiempos balagueristas, minó su institucionalidad, involucrándose oficiales de alto rango en el frustrado proyecto reeleccionista de Mejía.

Resquebraja el orden institucional un sector empresarial con marcada tendencia al parasitismo, a la búsqueda de canonjías estatales y exenciones fiscales, que acumula riquezas con la evasión de impuestos, incentivada por otro problema de institucionalidad: el incierto destino de esos recursos. El Estado no los retorna en eficientes servicios, se desvían hacia cuentas privadas, a usos no prioritarios o clientelistas.

MODERNIZACIÓN DEL ESTADO

La organización sociopolítica reclama reformas estructurales, reemprender la proyectada modernización y descentralización del Estado, en un proceso de transformación permanente para adecuar las arcaicas y desfasadas instituciones a los imperativos nacionales.

No procede en lo inmediato modificar la Constitución de la República, menos aún frente a las ansias continuistas de los legisladores. Mas, oportunamente, y por vía de una constituyente, ameritará una reforma integral para actualizarla, optimizar el funcionamiento del Estado y fortalecer los derechos ciudadanos. Cambios fundamentales como la prohibición de la perniciosa reelección presidencial y limitar el artículo 55 que fomenta el presidencialismo estrechamente asociado al paternalismo, de amplia legitimación en la sociedad dominicana.

La renovación constitucional, una acción consensuada, sopesada, no mediatizada por intereses sectarios, es pertinente para impulsar las normas para conformar una sociedad más desarrollada, equitativa y justa. Mas, la solución no radica exclusivamente en las reformas. La mera existencia del orden jurídico no garantiza su aplicación, de poco serviría si no se cumple, si la sociedad no reacciona ante su flagrante violación, frente a la conculcación de sus derechos.

Cada vez que se viola la Constitución o se toma una decisión reñida con la ley, cuando se desconocen los derechos ciudadanos se atenta contra la seguridad jurídica, y eso repercute nefastamente. Lesionó la calificación de riesgos del país, su hoja de presentacion en el exterior.

Con el nuevo gobierno empieza a restaurarse la confianza en el funcionamiento del sistema, certidumbre que deberá emanar de reglas de juego diáfanas respetadas por todos, una normativa estable desde las estipuladas en la Constitución y las leyes hasta las consignadas en resoluciones administrativas.

Una práctica recurrente que deberá combatirse ha sido sustituir la ley por disposiciones administrativas, decretos, resoluciones y reglamentos, argumentándose su provisionalidad, aunque terminan con larga permanencia.

BUROCRACIA ESTATAL

Un Estado moderno, funcional, no puede sostenerse con un concepto patrimonial que adjudica los cargos públicos al partido en el poder, desmantelando cada cuatro años el tren administrativo con su fuerte carga de corrupción y dispendio. Esto obliga a aplicar la postergada ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, vital para la profesionalización, estabilidad y reducción del clientelismo.

Esa inseguridad laboral, la falta de empleo permanente, que genera gran incertidumbre en los trabajadores públicos y privados, constituye otra expresión del déficit institucional, patente en el reducido índice de sindicalización, alrededor de 11%, uno de los más bajos de Latinoamérica. La clase empresarial -comenta el sociólogo César Pérez- no ha querido un movimiento sindical capaz de ser su interlocutor, y al no tenerlo, la mano de obra es rotativa, y esa inseguridad en el trabajo es uno de los elementos de la institucionalidad más graves en el país.

INSTITUCIONALIDADY ECONOMÍA

La falta de institucionalidad tuvo estrechos nexos con la debacle económica y financiera, atizada por una crisis de confianza ante la percepción del deterioro institucional y económico, la violación de la ley y el excesivo endeudamiento del gobierno con el costoso e improductivo clientelismo.

La moneda y las palabras se desvalorizaron, la sospecha se cernía sobre toda disposición oficial, los agentes económicos no se fiaban del Presidente o sus ministros. El descreimiento enraizó al incumplirse promesas y pactos, con el inadecuado manejo de la crisis financiera, optando las autoridades monetarias por infringir la ley para favorecer a los grandes ahorrantes.

Con la quiebra de los bancos Intercontinental (Baninter), Mercantil y Nacional de Crédito (Bancrédito) afloró la fragilidad institucional, la lenidad oficial, la carcoma moral y ética adentrada en la sociedad. Se reflejó el imperio de la cultura de la complicidad y de la impunidad, la corrupción del sector privado, con una capacidad de fraude equiparable al público.

Importantes conquistas se perdieron. Las reformas de un decenio se desvirtuaron con la ausencia de institucionalidad, lo que desnaturaliza y fracasa todo proceso innovador. El avance jurídico se esfumó en el área financiera, de electricidad, salud y seguridad social, una renovación convertida en reformas de papel.

—Logramos muchas reformas -dice Marisol Vicens-, costó diez años discutir la del sistema financiero y cuando finalmente tuvimos la nueva Ley Monetaria y Financiera, se violó al iniciarse la crisis. Nos tomó un decenio reformar el sector eléctrico y, pese a la capitalización y la nueva Ley General de Electricidad, aún no hemos fortalecido a las autoridades regulatorias ni al mercado eléctrico. El rol regulador del Estado falló al no despolitizarse como demandaba la ley de energía.

Lo importante es aprender las lecciones, como en el sector eléctrico, que al no solucionar a tiempo a una insostenibilidad financiera vista tras ser reformado, llegó casi al colapso. Debemos asimilar esa lección y desplegar esfuerzos para que la reforma de la seguridad social se materialice y sea sostenible financieramente. La reforma judicial es un elemento de avance y tenemos que tratar que siga rindiendo frutos, pero falta mucho, estamos en una primera fase que se ha prolongado demasiado.

La Justicia, los demás poderes del Estado y toda la sociedad enfrentan retos cada vez más complejos, y sólo el apego a la ley, la existencia de instituciones fuertes los hará viables, erradicará la paralizante desconfianza. Permitirá óptimas condiciones de seguridad jurídica, piedra angular del desarrollo, indispensable para la recuperación económica en un clima que atraiga capitales y motorice la producción.

El gran desafío es devolver a la ciudadanía la fe en las políticas gubernamentales con ejecutorias de absoluta transparencia que fortalezcan la institucionalidad, clave para que el crecimiento económico se convierta en herramienta impulsora del desarrollo y la consolidación democrática.

INVOLUCIÓN

Sin superar aún la arritmia histórica, el país ha avanzado desde que emergió de la tiranía trujillista, conquistó aspectos capitales de la democracia, importantes cambios en el ordenamiento jurídico y el régimen electoral. Disfrutamos de libertad de expresión y de asociación, aunque mediatizada o matizada de represión y ocasionales reveses.

Avanzamos, pero en el pasado gobierno retrocedimos con el autoritarismo y la intolerancia, el voluntarismo, amenazas, chantajes y sobornos desde las más altas instancias. El país transitó de la incertidumbre política a la desconfianza económica, vivía en un sobresalto, se ignoraba qué sucedería, y eso influyó en la economía. Un día anunciaban que impondrían la Ley de Lemas, otro, el gobierno sorprendía con impuestos por vía administrativa, mientras en perturbadoras diatribas las facciones perredeístas se unían y desunían.

La involución afloró con la imposición de los jueces electorales y los miembros de la Cámara de Cuentas, la inesperada reforma constitucional reintroduciendo la reelección presidencial, múltiples decisiones al margen de la ley y del consenso de los actores políticos y sociales. Se patentizó con un atentado a las libertades ciudadanas, en una mala calificación en derechos humanos.

Avanzamos y retrocedemos. Un vaivén que deriva de la lucha de intereses o las contradicciones interpartidarias, en sus afanes de desmeritar las acciones de sus predecesores en el poder.

MARISOL VICENS, EMPRESARIA:

Tenemos que asimilar como nación que los avances no los podemos medir sólo en base a la aprobación de reformas o legislaciones, sino por el cumplimiento que les damos y las ventajas que reportan.

JORGE CELA, SACERDOTE:

¿Qué pasa con los grandes transgresores de la ley? ¿Qué pasa con la gente que ha hecho fraude, que ha matado? ¿Dónde están? Muchos están libres, han sido reconocidos, ¿por qué?, porque esta sociedad los premia.

RAMÓN TEJADA HOLGUÍN, SOCIÓLOGO

Sobre la sociedad dominicana gravita el déficit institucional, relacionado con la gobernabilidad. Se habla mucho de modificar leyes, tenemos leyes buenas, excelentes, si se hubieran aplicado en el caso Baninter, Mercantil y Bancrédito no tendríamos un hoyo financiero.

MIRIAM DÍAZ, SOCIÓLOGA:

El Estado tiene un papel fundamental: garantizar la estabilidad, vigilar y hacer cumplir las leyes, porque en gran medida la crisis económica obedeció a que no cumplió su función de supervisar a la banca y permitió que esos banqueros se robaran, regalaran y desperdiciaran los recursos de los ahorrantes.

JOSÉ DUNKER, SIQUIATRA:

Aquí hay demasiados crímenes impunes, crímenes escandalosos que ocurren a la vista y no aparecen los culpables. Yo añoro un estado de derecho, una institucionalidad donde la ley se cumpla y se recupere la esperanza.