Hoy 
La crisis en el suministro de energía eléctrica podrá tener muchas causas y explicaciones, pero la fundamental de todas es la irresponsabilidad conque ha sido manejada la relación de los distintos actores del mercado energético con los usuarios.
No ha habido forma de que el Gobierno mantenga al día sus pagos a generadores y distribuidores. A la fecha, la deuda oficial acumulada sobrepasa los US$360 millones y no se vislumbra la hora en que sea saldada o amortizada.
El Gobierno ha puesto en manos de distribuidores y generadores el recurso de los apagones financieros, de los que se valen estas empresas para presionar el pago de atrasos cuantiosos en los que periódicamente incurre el sector oficial. La consecuencia más abusiva y atropellante de esta situación es que los usuarios que pagan puntualmente la factura por suministro de energía tienen que sufrir y financiar los apagones.
El Gobierno se ha hecho el chivo loco ante la práctica de los distribuidores, de no acreditar a los usuarios que pagan la energía los montos correspondientes a las horas de apagones, y tampoco se interesa por lograr que esas empresas cobren por lectura de contador, y no por patrón de consumo, como suelen hacer.
El Gobierno tampoco se ha ocupado por lograr que las distribuidoras se hagan eficientes en el cobro de la energía y, por el contrario, ha aprovechado con fines politiqueros el subsidio de la energía a los sectores de más bajo consumo, creando un paternalismo muy nocivo, que desgraciadamente recuerda prácticas en las que incurrió el tirano Rafael Leónidas Trujillo cuando arremetió contra la firma que generaba electricidad porque intentó cobrar la energía servida.
Hay muchos factores que influyen en la crisis energética, algunos fuera de nuestro control, pero ninguno tan indignante como la irresponsabilidad oficial en el manejo de sus relaciones con generadores y distribuidores.
Desparpajo
La permisividad oficial ha hecho que el malecón de la avenida George Washington, uno de los lugares de esparcimiento más apreciados por el ciudadano citadino, esté perdiendo su condición para transformarse en desagradable arrabal.
Construcciones que violan la ley, erigidas a menos de 60 metros de la orilla del mar, han sido permitidas o autorizadas en varios puntos de esta parte del litoral caribeño. El disfrute del paisaje marino ya no es posible en algunos lugares, pero nadie con autoridad parece sentirse capaz de revertir este desparpajo.
Hay gente que se siente autorizada y protegida para hacer lo que está haciendo en el litoral del malecón de Santo Domingo. Alguien con poder les ha permitido construir allí.
Desde el monumento a Fray Antón de Montesinos hasta la avenida Máximo Gómez han sido levantados diversos tipos de negocios, algunos ofensivos para el paisaje. Hay la sospecha de que una voracidad fiscal, o algo peor, podría estar alimentándose con impuestos o arbitrios por permisos de construcción y operación de negocios de comida «chatarra» en el malecón de la George Washington. Aspiramos que alguien tenga el coraje de revertir tanto desparpajo y devolverle su esplendor a este lugar para el disfrute colectivo.
