PEDRO GIL ITURBIDES
Funcionarios dependientes del Poder Ejecutivo acusaron al Congreso Nacional de aprobar, subrepticiamente, la Resolución que aprueba el contrato de la isla artificial. Un congresista, ¡válgame Dios!, dice que “esa ley” no puede ser observada por el Presidente de la

República. Se comenta que quien impulsó el reciente conocimiento del contrato por parte de los legisladores, fue la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo. En pocas palabras, la famosa isla no es tal. Es la isla de los misterios.

Lo cierto es que el Congreso Nacional no pudo conocer el contrato sin que mediase un acto del Poder Ejecutivo. Se ha comentado que desde que la famosa isla artificial cobró forma ante la opinión pública, se criticó que el Estado Dominicano tuviera que “avalar” el financiamiento de la misma. La verdad es que la objeción apuntó siempre al injerto territorial, por lo extemporáneo del anuncio.

De la isla se habló cuando, ¡válgame Dios!, se informó la venta de la playa de Sans Soucí y del muelle de Santo Domingo, y la construcción del Metro.

Confieso que nuestro grito se vinculó a las ventas anteriores. Pensamos en la pérdida de capital del sector público so pretexto de la privatización.

Todavía, lo confieso también, nadie ha logrado convencerme de que el descuartizamiento de la Corporación Dominicana de Electricidad fuera buen negocio. Tampoco el arriendo de ingenios azucareros, el cierre de empresas industriales de propiedad pública, y la capitalización de las que no fueron liquidadas.

Al unísono gritamos muchos, algunos de los cuales aún estamos atónitos ante estas operaciones. Estoy entre quienes creyeron que debíamos buscar buenos administradores, y, probados, contratarlos. Pero no pocas veces contemplamos que se sacrificaba a gente como el fenecido Domingo Rodríguez.

Creus, porque lograba dividendos en los ingenios azucareros. En vez de premiarlo, lo mandábamos a su casa, una humilde vivienda en la calle San Juan Bosco, en un pedazo de la misma que ahora es parte de la avenida 27 de Febrero. ¡Pobre Domingo, que luego veía caerse a pedazos aquellas empresas públicas a las que amó tanto como a su familia!

Pero eso somos, y por ello constituimos un país rico, pobremente administrado.

¡Imagínense qué clase de nación somos, en la cual un legislador explica a la opinión pública que “el Presidente” no puede devolver la ley de la isla artificial! Los convenios internacionales como los contratos sancionados por el Congreso Nacional se endosan mediante resoluciones. Adquieren carácter de compromiso ineludible para el sector público, en la medida que se comprometen las partes, tan pronto son promulgadas.

Pero esas resoluciones no son leyes. ¡Imagínense qué clase de nación somos, cuando un yerro, un desliz, o el desapercibimiento de un funcionario de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo genera un escarceo como éste de la isla artificial! Si no debió enviarse el documento adicional que incentivó a la aprobación congresional, bastaba con retirarlo. Conforme los modos de operar los dominicanos, cabían dos procedimientos. Uno: una comunicación formal, solicitando la devolución de los documentos remitidos por inadvertencia. Dos: una llamada telefónica solicitando la entrega con el pretexto de que se fue una coma donde debía ir un punto.

De todas maneras, no les niego que he gozado muchísimo. Al conocer de los pronunciamientos mediante los cuales se trata de eludir responsabilidad en lo de la isla, advierto por qué somos un país pobre. Muchos, mirándonos allende los mares, creen que nos falta institucionalidad. Mirándonos desde el interior, comprendo que nos faltan otras cosas. Entre ellas, el sentido de responsabilidad.