Universitarios, profesores y personal escolar estarán obligados en Italia a presentar desde el próximo 1 de septiembre el pasaporte sanitario, pero los centros educativos aún no saben cómo aplicar esta normativa ni quién lo tendrá qué hacer y los directores afirman que se corre el riesgo de importantes retrasos en las aperturas.

l ministro de Educación, Patrizio Bianchi, explicó hoy en “Canale5” que el control de los pases sanitarios será efectuado por los directores y que se está trabajando con la Agencia de Protección de Datos para la creación de un sistema que permita verificar cada mañana quien puede entrar.

Y confirmó que quien no tenga el pasaporte sanitario, que consiste en una primera dosis de la vacuna, haber contraído el covid-19 en los últimos seis meses o un test negativo realizado en las últimas 48 horas, no entrará en el colegio y tras cinco ausencias será suspendido de sueldo.

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Desde el ministerio explican que para respetar la privacidad el sistema solo hace visibles los datos que permitan el pase y no proporciona otros al director, que es el empleador del personal escolar. Pero queda poco tiempo, porque aunque el año escolar en Italia comenzará el 13 se septiembre, ya desde el 1 de ese mes está previsto que entren en los centros tanto profesores, como conserjes, trabajadores de secretaría y otros para preparar el curso.

El presidente de la Asociación Nacional de Directores de colegios de Roma, Mario Rusconi, senaló que “si las escuelas tienen que revisar los certificados de los maestros y del personal todos los días, corremos el riesgo de comenzar al mediodía. Estamos a la espera de información, quedan unos días, no podemos quedarnos así».

Los problemas para la aplicación de esta obligación son muchos, comenzando por la Agencia de Protección de Datos que ha establecido que “no se permite la verificación directa del estado de vacunación y las condiciones de salud por parte de los administradores de la escuela». Las propuestas de los directores para agilizar los trámites van desde la autocertificación, hasta la presentación del certificado de vacunación que facilitan los centros de salud, como para los niños, pero nada de ello ha sido aceptado por ahora.

“Pedimos poder tener la lista de vacunados por la ASL (la agencia sanitaria local), después de habernos proporcionado todos los nombres de las personas con las que trabajan en la escuela. De esta forma sabríamos quién no tiene pasaporte de larga duración y evitaríamos algunos controles”, añade Rusconi.

Otro de los asuntos espinosos es quien se ocupará de pagar las pruebas de los profesores que no tengan la vacunación.

El ministro de Educación aseguró que aquellos que no quieran vacunarse tendrán que pagarse los test de su bolsillo, mientras que los que no pueden recibir la vacuna por prescripción médica serán asistidos para realizar las pruebas. Lo que añade más caos en la próxima apertura de los colegios.

A esto se añade la obligación a los universitarios de tener el pasaporte sanitario para acceder a los centros. ¿Quién controla?. Sería necesario más personal, apuntan.

Según los datos del Ministerio de Sanidad, la mayoría del personal, de hecho, alrededor del 90 por ciento está vacunado y, por lo tanto, tiene la certificación covid válida durante 9 meses. El ministro aseguró que en los últimos días se está registrando un aumento entre el personal escolar para recibir la vacunación.