El Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS), comúnmente llamado Impuesto al Valor Agregado (IVA), se ha convertido en  principal instrumento usado para financiar el déficit presupuestario del Gobierno. Esto así porque posee una enorme capacidad de recaudar grandes cantidades de recursos, ya que todas las clases sociales lo pagan,  sin distinción de niveles de ingresos, dado su carácter regresivo.

Este es un impuesto a las ventas que una vez establecido, el contribuyente no lo percibe, puesto que si lo percibiera sería un excelente mecanismo para desalentar el consumo y promover el ahorro y la inversión.

Este tipo de impuesto ha sido promovido como la vía menos dolorosa para penalizar a la población y al mismo tiempo evadir la reducción del  gasto del Gobierno.

Asimismo, con el ITBIS se trata de justificar el instrumento que incrementa en forma significativa los ingresos del Gobierno y que podría, por sí mismo, tener la capacidad de eliminar futuros déficit fiscales.

En realidad, este tipo de impuesto a las ventas es sólo una manera de  aumentar el peso de los impuestos a la población, particularmente la de los estratos sociales de bajos ingresos y al mismo tiempo, una manera de evadir el debate sobre una real y efectiva reforma fiscal que requiere desesperadamente el país.

La discusión de este tema debería centrarse en analizar a qué tipo de gobierno podemos aspirar, en función de los medios con que cuenta el país. ¿Cuál de las políticas públicas es la mejor y más adecuada entre aumentar impuestos o disminuir los gastos del Gobierno? Qué programas del Gobierno son ineficientes e innecesarios? ¿Cuál sería la escala de impuesto que se debería aplicar que no penalizara tanto a la clase media y media baja? ¿Debería el sector privado recibir exenciones de impuesto en forma indiscriminada e ilimitada? ¿Qué esfuerzos deberían llevar a cabo tanto el Gobierno como el sector privado, de forma tal que la política fiscal fuera sostenible en el corto, mediano y largo plazos?

El problema del presupuesto del Gobierno es básicamente la expansión del gasto público sin una clara definición de las prioridades que requiere el país, a saber,  satisfacción de las necesidades básicas de la población: salud, educación, agua potable, alcantarillado, infraestructura básica, vivienda y medio ambiente.

Dentro de este contexto, se debería definir cuán numeroso debería ser el personal de la administración pública, de manera que dicha administración fuera más hacia el desarrollo profesional dentro del escalafón público sin influencias políticas. Otro aspecto a considerar sería consolidar las exenciones fiscales tanto a la microempresa como a los colmados, alquileres y rentas de viviendas modestas. Otro tipo de exenciones abarcaría el cuidado de la salud, educación y  grupos de beneficencia, a fin de compensar el impuesto a los vehículos, artefactos eléctricos, pasajes de avión, gasolina, artículos de lujo y otros más.

Este tipo de impuesto fue creado básicamente en Europa, donde la tasa varía entre un 15 y un 25 por ciento, pero contiene tasas preferenciales y exenciones particularmente en los alimentos y los productos de primera necesidad. En los Estados Unidos, este tipo de tributo no sólo es muy controversial sino también rechazado por la mayoría de la población y los congresistas republicanos.

 Un aumento en la tasa o la disminución de las exenciones del ITBIS puede tener efectos negativos en la economía, puesto que generaría aumentos en los precios de los artículos de consumo ocasionando que el proceso de crecimiento económico pudiera sufrir una desaceleración,  frenarse o reducirse. Las consecuencias de un innecesario aumento de la tasa del ITBIS o la eliminación de las exenciones se traducirían en debilitar aún más la economía y en el aumento de la discriminación contra la juventud y la población de bajos ingresos. Al mismo tiempo, crearía mayores dificultades a los miembros de la clase media en sostener y educar a sus familias. Quienes consideran subir el ITBIS o eliminar sus exenciones como  mejor opción, deberían cuestionarse y responderse sobre qué gastos del Gobierno deberían ser eliminados y cuál sería el nivel de la tasa a alcanzar sin que produjeran disturbios sociales.

La aprobación de la carta de intención que el Directorio del FMI aprobó recientemente hizo hincapié en la necesidad de flexibilizar la tasa de cambio, a fin de que no se utilizaran las reservas internacionales para mantenerla en forma artificial. Por otra parte, el Jefe de la Misión del FMI para República Dominicana, en una entrevista publicada en el Listín Diario, mencionó la necesidad de alcanzar un nivel de ingresos tributarios en proporción al PIB de un 15% en el 2012 por medio de la racionalización de las exenciones fiscales, entre otras. Asimismo, considera la necesidad de flexibilizar la tarifa eléctrica, a fin de que la refleje su costo marginal y elimine gradualmente el subsidio indiscriminado convirtiéndolo en  un subsidio focalizado en beneficio de las familias pobres.

Se puede concluir que la tasa de inflación va a aumentar y que por consiguiente también se incrementarán los niveles de pobreza del país, si el Gobierno no adopta políticas públicas dirigidas a incrementar la inclusión social.

 Dentro de ese contexto, el Gobierno deberá dirigir su atención a satisfacer las necesidades básicas de la población y adoptar políticas públicas que reduzcan drásticamente los elevados niveles de pobreza que existen en el país.  Por otra parte, el Banco Central afirma que para el 2010 la economía dominicana podría alcanzar niveles de crecimiento de aproximadamente un 8 por ciento, casi similar a la de la República Popular de China. En ese sentido, las proyecciones del FMI son más conservadoras ya que consideran los niveles de crecimiento entre el 3 y  4%, haciendo la salvedad que dicho crecimiento puede aumentar si el entorno externo mejora y las exportaciones, el turismo y las remesas empiezan a crecer más rápidamente.

No obstante, la recuperación del mundo industrializado es lenta y va acompañada de elevados niveles de desempleo y no se proyecta un aceleramiento significativo en el futuro inmediato. En consecuencia, sería conveniente no crear grandes expectativas que luego no podrían materializarse.

Reducir o eliminar las exenciones en el ITBIS es aumentar los niveles de pobreza, dado que incrementa en forma masiva los impuestos a las familias de ingresos fijos y, en consecuencia, podría tanto retardar la recuperación económica como provocar reacciones de la población de incalculables consecuencias. 

La cifra

15-25 por ciento.  Es la variación de la tasa del ITBIS, impuesto que fue creado básicamente en Europa, donde la tasa varía, pero contiene tasas preferenciales y exenciones particulares en  alimentos y los productos de primera necesidad.

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Expansión gasto

El problema del presupuesto del Gobierno es básicamente la expansión del gasto público sin una clara definición de las prioridades que requiere el país, a saber, la satisfacción de las necesidades básicas de la población: salud, educación, agua potable, alcantarillado, infraestructura básica, vivienda y medio ambiente.

Dentro de este contexto, se debería definir cuán numeroso debería ser el personal de la administración pública, para que esa administración fuera más hacia el desarrollo profesional dentro del escalafón público sin influencias políticas. Otro aspecto a considerar sería consolidar las exenciones fiscales tanto a la microempresa como a los colmados, alquileres y rentas de viviendas modestas. Otro tipo de exenciones abarcaría al cuidado de la salud, educación y a los grupos de beneficencia, a fin de compensar el impuesto a los vehículos y artefactos eléctricos, entre otros.