El diputado Víctor -Ito- Bisonó, del Partido Reformista Social Cristiano(PRSC), reintrodujo a la cámara baja un proyecto de ley que tiene por finalidad modernizar y adecuar la actual legislación  sobre porte y tenencia de armas de fuego.

Desde hace tres años la pieza es introducida al hemiciclo, pero los legisladores no se interesan en aprobarla.

El proyecto contempla la creación de la Dirección General de Control de Armas que estaría bajo la dependencia de la Secretaría de Interior y Policía en coordinación con las Fuerzas Armadas.

El objetivo de la entidad es establecer control, manejo, captación, otorgamiento de permisos  y todo lo concerniente al porte y tenencia de armas.

La Dirección de Control de Armas la integraría los departamentos de Salud Física y Mental, de Control de Armas de Fuego, Jurídico y de expedición de licencia para porte y tenencia de armas.

En el artículo 3 se establece que “toda persona podrá ser titular de una autorización para tener un arma de fuego, siempre que llene los requisitos de ley”.

El párrafo III del artículo 7 indica que las personas favorecidas con una autorización para el porte y tenencia de armas de fuego está obligada a comunicar mediante carta a la Dirrección General de Control de Armas, el inventario de las armas que posea.

Señala que  el presidente y vicepresidente de la República tienen derecho al porte y tenencia de armas, pero con la obligación de llenar y presentar el formulario Exc.A-1, sin otro requisito.

Los legisladores, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, de la Junta, de la Cámara de Cuestas, los síndicos y funcionarios también tienen derecho al porte y tenencia de un arma, previo requisito de obtención de su licencia.

El artículo 34 indica que se castigará con penas de tres a diez años de reclusión a las personas que recorten carabinas, escopetas, rifles o cualquier otra arma de fuego.

El diputado Víctor Bisonó al defender su proyecto, dijo que ahora que está en debate el tema del porte y tenencia de armas de fuego se debe tomar en cuenta la pieza. Sostuvo que el proyecto contempla  establecer responsabilidades específicas para quienes tienen el derecho de autorizar permisos, vender armas y tener todos los controles, cosa que no está clara en la actual legislación.

Afirmó que en la actualidad las armas incautadas son cargadas a otras personas, pero las modificaciones a la ley que propone  ordena  que muchas sean destruidas como forma de reducir su cantidad en la sociedad.

Además los requisitos para otorgar el permiso serían más estrictos y se le daría seguimiento a las personas beneficiadas para determinar si cumplen con las normas establecidas en la ley.

Insistió en que el propósito de la nueva ley es unificar criterios y mecanimos que permitan un mayor control de las armas sin  vulnerar el derecho adquirido de los ciudadanos.

Violación Ley 36

El legislador reformista, aunque reconoce el espíritu de la decisión que tomó el secretario de Interior y Policía de prohibir la exhibición  de armas de fuego en lugares públicos, asegura que la misma es violatoria a la propia Ley 36. Afirma que el artículo 37 indica que Interior y Policía puede suspender una licencia, pero no debe ser una decisión colectiva y que las requisas que se hacen a vehículos no distinguen a ningún ciudadano.

La regulación

Víctor Bisonó recordó que muchos de los asesinatos y hechos violentos que se cometen en el país se cometen con armas registradas legalmente.