La presidenta del Movimiento Consenso Electoral Reformista (CER) licenciada Alexandra izquierdo estima que el Presidente Leonel Fernandez tiene la responsabilidad de garantizar que se cumplan los parámetros establecidos en la constitución, en cuanto al tema de género, a la hora de seleccionar los jueces de las Altas Cortes.

Recordó que la nueva Constitución proclamada por el mandatario, consigna que el Estado debe promover y garantizar la participación equilibrada de mujeres y hombres en la administración de la justicia.

Sostuvo que Leonel Fernández, como presidente del Consejo Nacional de la Magistratura debe ser garante de que las mujeres con solvencia moral e intelectual, tanto del tren judicial, como de la sociedad civil, sean tomadas en cuenta en igualdad de condiciones que los hombres para integrar la Altas Cortes.

“El inciso 5 del articulo 39 de la carta magna, reafirma su concepción de equidad al plantear que el Estado debe promover y garantizar la participación equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas a los cargos de elección popular para las instancias de dirección y decisión en el ámbito público, en la administración de justicia y en los organismos de control del Estado.”, subrayó,

Acotó, que el jefe de Estado fue muy enfático durante su discurso que dejó proclamada la nueva Constitución de la República el pasado 26 de enero del 2010, al expresar que por primera vez en la Carta Sustantiva del Estado se consigna la igualdad de género, “lo que debe ser valorado para la escogencia de los integrantes de la Altas Cortes”.

“El jefe de Estado debe recordar que durante su exposición en el marco de la proclamación de la constitución, dijo cito: Sólo por haber  establecido esas disposiciones, que consignan constitucionalmente la igualdad entre hombres y mujeres en la República Dominicana, valía el esfuerzo de haber llevado a cabo esta reforma a la Constitución”, apostilló la pasada encargada del Programa de Género del Ayuntamiento del Distrito Nacional.

Agrega, que los integrantes del CNM deben hacer valer lo que establece la Constitución de la República en materia de género a la hora de seleccionar a los integrantes de las Altas Cortes, para evitar que el proceso de selección se vea matizado por la discriminación hacia la mujer.