Jacob Zuma se creía omnipotente para hacer todo lo malo y nada bueno, y que gozaría de impunidad eterna. Aunque hubiese pruebas irrefutables en su contra los jueces nunca osaban condenarlo. Antes de ser presidente fue acusado de corrupción en negocios multimillonarios de tráfico de armas y también como violador.

Su defensa, imbatible, la encabezaban turbas que vociferaban en forma amenazante la consigna de cuando era jefe del brazo armado del CNA: “Tráeme mi ametralladora”.

Zuma fue electo presidente en 2009, se reeligió en 2014 y su partido, CNA, le solicitó su renuncia en 2018. Si se negaba, sería sometido a una moción de censura y a un proceso de destitución en el Parlamento. Su respuesta fue: “Me parece injusto, muy injusto”. “Nadie me dio una explicación sobre lo que se supone que hice”. “No hay ningún problema.

Nunca hubo ningún problema”. Sabiéndose acorralado planteó dimitir en un plazo de tres a seis meses. Ya en ese momento los tribunales habían reabierto 783 cargos de corrupción pues en 1999, siendo vicepresidente, promovió comprar submarinos, aviones de combate y otros materiales bélicos que los militares no habían pedido y que costaron unos 5,000 millones de dólares. Esas acusaciones le habían sido retiradas en 2009 antes de ser presidente.

En febrero 14, 2018 Zuma dimitió y le sucedió su vicepresidente, Cyril Ramaphosa. En octubre 2017 el Tribunal Supremo de apelación había anulado la decisión de la fiscalía del Estado de perseguir penalmente a Zuma por lo cual el fiscal general de Sudáfrica, Shaun Abrahams, volvió a investigar el caso desde cero y el 16 de marzo de 2018 acusó a Zuma, ya siendo expresidente. Ramaphosa ganó las elecciones presidenciales del 2019 y derrotó a Dlamin-Zuma, esposa de Jacob, que hubiese impedido que él fuese juzgado.

Creyéndose por encima de la ley dejó de acudir al tribunal que lo juzgaría por sus delitos como presidente y fue condenado por desacato a 15 meses de prisión. Prefirió la cárcel, para ganar tiempo, en lugar de declarar sobre la “Captura del Estado”. Sus seguidores rodearon su casa para impedir que la policía lo capturara, pero se entregó momentos antes de cumplirse el plazo para apresarlo.

Zuma, desafiante, proclamó que su prisión provocaría violencia. Un hijo suyo, Duduzane, socio de los corruptos Gupta, predijo que habría violencia si su padre fuese apresado. La violencia estalló el 10 de julio, al día siguiente de su encarcelamiento, después que Zuma declarara que era un perseguido político y que buscaban destruir su legado. La sublevación provocó 354 muertes y asaltos vandálicos e incendios a centros comerciales, almacenes, fábricas, vehículos y tiendas de licores. Los daños se estimaron en 2,862 millones de euros.

El presidente Ramaphosa denunció que los disturbios intentaban “provocar una insurrección popular entre nuestro pueblo”. Admitió que su país “no estaba preparado para una operación orquestada de violencia pública destrucción y sabotaje de esta magnitud”.

Para impedir su condena Zuma propició las más grandes protestas y los más siniestros actos vandálicos ocurridos después del apartheid.

Las reclamaciones por daños a la propiedad hechas a las compañías de seguros ascendieron a 1,700 millones de dólares.

Estos disturbios de Sudáfrica superaron los reclamos por los estragos de las protestas en varios estados de EUA por el asesinato de George Floyd en 2020, que ascendieron a 1,500 millones de dólares. Duduzane, hijo de Zuma, aspira ganar las elecciones presidenciales del 2024. Si triunfara podría archivar el expediente de su padre y mentor.

Jacob Zuma se creía omnipotente para hacer todo lo malo

Zuma, desafiante, proclamó que su prisión provocaría violencia

En febrero 14, 2018 Zuma dimitió y le sucedió su vicepresidente