El presidente ejecutivo de la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD), Osmar Benítez, solicitó ayer al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales que revise la resolución 13-2015 mediante la cual se prohíbe temporalmente el corte de árboles de las zonas boscosas del país.

Expresó que esa decisión afecta la inversión privada, ya que existen más de cinco mil fincas que han sido sembradas con propósitos comerciales para el corte de madera.
Señaló que cada finca forestal está sometida a un estricto proceso de supervisión por provincia, municipio y sección, mientras los certificados se otorgan año y medio después de sembradas las fincas.

Explicó que en las fincas se han sembrado unos 30 millones de árboles desde el 1997 a la fecha, lo cual ha contribuido a incrementar la cobertura boscosa del país de 20% a 39.7%.

Agregó que el aumento de la cobertura boscosa se explica por un marco regulatorio a la inversión en la industria de la madera.

En rueda de prensa en al sede de la JAD en compañía de numerosos dueños de fincas forestales, Benítez dijo que los sectores que resultan afectados por la resolución son los que han cambiado la matriz de generación de energía de combustibles por biomasa.

Recordó que la decisión de Medio Ambiente prohíbe el aprovechamiento de árboles maderables durante el tiempo que dure la sequía en el país.

Consideró que que la resolución de Medio Ambiente no incide en absoluto en la sequía.
“Cada plantación que está en desarrollo ha sido previamente aprobada por un plan de manejo que supervisa el Ministerio de Medio Ambiente”, dijo.Expresó que reconoce la

preocupación del gobierno y apoya cualquier disposición que contribuya a conservar los recursos naturales, pero en este caso no se refiere a foresta de conservación, sino a foresta comercial, sembrada para ser cosechada, al igual que ocurre con una finca de plátanos.

“Estas son fincas en que se han invertido más de mil millones de pesos en los últimos 30 años y que eso hay que preservarlo”, dijo.

Pidió que la resolución 13-2015 sea modificada para permitir que se continúe el programa de inversión que ha sido promovido por el gobierno para generar nuevos empleos en la República Dominicana.