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El vicepresidente del Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD), Jaime Fernández, advierte al Congreso Nacional y a los partidos políticos sobre los efectos negativos para el país que provocaría la aprobación del proyecto de ley que pretende modificar varios artículos de diversas leyes tributarias,
Jaime Fernández exhorta al Senado de la República a rechazar este proyecto de ley para evitar las negativas consecuencias que tendría en nuestra economía, que no resiste más desaciertos, ya que atentaría contra derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución y alterarían la violencia ciudadana.
A juicio de Fernández, la petición de este rechazo debe recibir el más amplio respaldo de la población, por cuanto, el presidente Leonel Fernández, en caso de lograr ésta modificación, consolidaría su política de implantar en la República Dominicana, una Dictadura Fiscal, además, con el sometimiento de miles de compañías a presiones tributarias y recargos, que han tenido que entrar en la informalidad por imposibilidad material de cumplir con una gran diversidad de impuestos y obligaciones tributarias.
A esto se suma un Proyecto de Ley que modificaría varios artículos de la Ley No. 4314 modificada por la Ley 17-88 que obligaría a los Propietarios de viviendas alquiladas a pagar recargos mensuales hasta de un 20%, por cada mes de demora , en el depósito al Banco Agrícola por parte de los Propietarios que alquilan sus viviendas.
El Congreso nacional lo que debe hacer es el desmonte gradual de los impuestos que sobrecargan al sector de la pequeña y mediana empresa, en detrimento sobre todo de los usuarios, a quienes las empresas transfieren la carga impositiva. Asimismo.
Jaime Fernández explica que cuando se carga con tantos impuestos al sector de las pequeñas y medianas empresas, no son las empresas que los pagan, sino los usuarios.
La anulación de los derechos adquiridos de las sociedades y compañías por acciones, la violación a la nulidad del Pasaporte por uno biométrico, el otorgamiento a una ONG, el cobro de los registros de las sociedades, el sistema de aumento de los impuestos por parte del mecanismo de indexación por inflación a cargo de la administración pública y no del Senado, el cobro por la Junta Central Electoral de altas sumas de dinero por el otorgamiento de servicios y actas, son muestras de la implantación de una dictadura fiscal asfixiante e ilegal.
