El pleno de la Junta Central Electoral (JCE) se encuentra empantanado en la discusión del informe   de la Fiscalía del Distritos Nacional que involucra a un grupo de empleados del organismo en una serie de irregularidades en el desempeño de sus funciones.

A la fecha, los jueces de la JCE han celebrado 10 sesiones solo para conocer de ese informe, sin que todavía hayan podido tomar una decisión respecto a los 27 empleados de la Consultoría Jurídica del organismo electoral mencionados.

Al grupo, en su mayoría abogados, se le acusa de  violar un sistema de seguridad departamental, transcribir y legalizar actas extranjeras sin cumplir con los requisitos de ley y otras irregularidades.

División

La última de las sesiones del pleno para conocer ese caso se celebró este marte y al cabo de unas diez horas durante las cuales se escuchó el testimonio de siete de los inculpados en el informe de la Fiscalía, los jueces  decidieron suspender la reunión  y  continuarla ayer a las 9:00 de la mañana, cuando  fue pospuesta para el próximo jueves 29.

Este caso dividió desde un principio a los miembros de la Junta, provocando incluso que el presidente de la Cámara Administrativa, doctor Roberto Rosario, se inhibiera de participar en los plenos donde se discute el informe del Fiscal.

Apadrinados

En los corrillos de la JCE se comenta que la dificultad del pleno en decidir la suerte de esos empleados obedece a que muchos  tienen “padrino” entre los propios jueces.

El martes fueron oídas Dimaris Sánchez Gómez, Evelyn Ramírez, Carmen Tavárez, Mireya Disla, Joselyn Paulino y Rosmi Arias.