ROSARIO ESPINAL
Por varios meses el año pasado, la sociedad dominicana esperó entre rumores y especulaciones, la elección de los nuevos jueces de la Junta Central Electoral (JCE). Como de costumbre, distintos grupos sociales reclamaron una elección transparente y apegada a los criterios de independencia y probidad de los elegidos. El Senado merece reconocimiento por la apertura en el sometimiento de candidaturas.

En el artículo, “JCE, de nuevo en el tapete”, que publiqué el 20 de septiembre, planteé que había tres modalidades para elegir los jueces: 1) la partidaria, que se conforma con jueces comisarios de los partidos políticos, 2) la mixta, donde algunos jueces representan partidos políticos y otros tienen el aval de la sociedad civil, y 3) la independiente, que se conforma con jueces sin vinculación directa con los partidos o los activistas sociales.

Predije en ese artículo que el Senado optaría por la opción mixta, ya que no se daría el lujo de elegir unilateralmente los jueces, como lo hiciera el PRD en 1998, pero tampoco tendría la autonomía para elegir una JCE sin comisarios de partidos.

La presencia en la actual JCE de algunos jueces reconocidos por su independencia de criterio y honestidad profesional es promisoria, y así lo ha considerado la opinión pública. Sin embargo, en pocos meses de funciones, los jueces han tomado decisiones que producen suspicacias.

En su primera decisión importante, eligieron para presidir la Cámara Administrativa a uno con vinculación partidaria. Aunque los jueces son soberanos para tomar esa decisión, la designación preocupó con justificadas razones a los observadores del quehacer electoral dominicano.

No hay que olvidar que la Cámara Administrativa tiene la responsabilidad de organizar las elecciones. Entonces, ¿por qué nombrar para presidirla un juez con asociación partidaria y el único vinculado a la Junta anterior?

Desde cualquier ángulo, parecía más idóneo haber elegido otro juez o jueza para presidir esa Cámara. Fue una oportunidad desperdiciada para que la nueva Junta asentara su independencia partidaria.

Luego aparecieron las declaraciones de los propios jueces sobre la desorganización reinante en el organismo electoral y los contratos turbios del pasado.

Las medidas administrativas tomadas recientemente para regularizar el funcionamiento de las oficialías civiles son positivas, al igual que la austeridad anunciada. Pero a la fecha, el país desconoce un plan claro de reorganización que guíe ese organismo hacia la eficiencia y la autonomía política.

En días más recientes, la jueza Aura Celeste Fernández desató un polvorín al hacer del dominio público su decisión de no aceptar el cheque de incentivo que reciben mensualmente los jueces de la Junta. Según ella, es para compensar el pago de impuestos y pensión, y según otros, es para compensar el arduo horario de trabajo. Ella lo considera ilegal y otros lo consideran una merecida retribución.

Como resultado, los jueces han estado inmersos en una rebatiña personal, cada cual defendiendo su honorabilidad, en un espectáculo que se ha tornado lamentable.

La posición de Aura Celeste Fernández ha molestado a sus colegas porque hizo pública la denuncia. Se erigió así en más pulcra y puso en apuro a los demás.

Sin duda, habrá sido molestoso para sus compañeros. Pero ante la situación creada, las declaraciones de otros jueces han sido penosas.

En un país donde hace falta más honestidad y esfuerzo laboral en el sector público, que algunos jueces acusen a Aura Celeste de ocupar otras funciones públicas, lo cual hace de manera temporal y honorífica, no beneficia a la JCE. Tampoco decir que ella quiere protagonismo, porque otros jueces a su manera lo buscan.

Una vez Aura Celeste Fernández reveló el asunto, la respuesta honorable de los magistrados hubiera sido renunciar al incentivo, por lo menos, hasta que se aclarara el asunto. Sobre todo, que reciben sueldos altos que permiten vivir holgadamente sin el llamado incentivo.

Al arremeter contra Aura Celeste, los jueces han perdido una ocasión para dar ejemplo de transparencia y compromiso público, en un país donde la gente cree poco en la pulcritud, misión y sacrificio de los funcionarios.

No todo lo ilegítimo es ilegal, y quizás esta es la situación con el cheque de incentivo. Pero una vez lo que parece ser ilegítimo se evidencia, la peor opción es querer legitimarlo con argumentos insípidos.

Así ha ocurrido con las declaraciones de auto-defensa, tales como que los jueces trabajan muchas horas y merecen compensación, que no fueron a empobrecerse o enriquecerse a la Junta, o que la jueza Fernández desempeña otras funciones públicas, cuando se sabe que completa de manera honorífica previos compromisos públicos.

No hay un complot contra la JCE. El país confía y espera que los jueces actúen con pulcritud y eficiencia. Pero por sus propias acciones, en pocos meses de existencia, los magistrados han cometido algunos errores que perturban el organismo electoral y su propia honorabilidad.