Ya el país cuenta con una nueva Junta Central Electoral (JCE), cuya misión será preparar los comicios generales del 2020, proteger el Registro Civil y el Registro Electoral. Los elegidos son, los doctores Julio César Castaños Guzmán, presidente; Roberto Saladín Selín, Carmen Imbert Brugal, Altagracia Graciano de los Santos (confirmada) y Henry Mejía Oviedo, más cinco suplentes.
La profusión de elogios que concitó la elección describen el convincente trabajo senatorial, el reconocimiento de la sociedad a la profesionalidad de los designados y las expectativas positivas que se ciernen sobre nuestro futuro electoral inmediato.
Tres aspectos resaltan en la selección del Senado. Primero, su apego irrestricto al mandato constitucional que confiere a la Cámara Alta la exclusividad en la elección del tribunal electoral; segundo, la transparencia del proceso a cargo de la Comisión Especial, que lideró el senador Dionis Sánchez, la cual entrevistó y depuró a más de 200 aspirantes y, tercero, haber escuchado los clamores tanto de la sociedad civil y la oposición para una JCE transparente, confiable y equilibrada. Resalto este último aspecto, porque la oposición pintó un panorama desolador respecto a que se aprobaría una JCE abiertamente parcializada con el gobierno; y ese no ha sido el caso.
Tres de los cinco designados -Castaños, Saladín e Imbert Brugal- figuraban en un listado entregado por el opositor PRM a monseñor Agripino Núñez Collado, mediador de un diálogo estancado sobre legislación electoral, porque está claro que la prioridad del flamante tribunal recae en la formulación de una novedosa legislación de Reforma Electoral y una Ley de Partidos Políticos.
Ganadores: la incansable capacidad negociadora de Reynaldo Pared Pérez, presidente del Senado; la bancada peledeísta, que sorprendió con la sabia escogencia.
Derrotados: los promotores de un panorama siniestro en el rol de la Cámara Alta.