Hoy 
La Junta Central Electoral afirmó que alrededor de 30,000 extranjeros de diferentes nacionalidades poseen cédula de identidad vigente sin que hayan depositado en la JCE nueva documentación que demuestre su legalidad en el país.
Ayer la Cámara Administrativa solicitó al Pleno de la JCE cancelar el documento a 65 de esas personas, tras comprobar que los mismos fueron expedidos de manera fraudulenta, y dispuso la suspensión sin disfrute de sueldo de la supervisora y la subencargada del Centro de Cedulación de Extranjería.
Asimismo, solicitó la cancelación de la encargada y de la supervisora del Centro de Cedulación de Militares que funciona en la Junta Electoral del Distrito Nacional, por supuestamente recibir prebendas para cedular como militares a ciudadanos civiles.
Un informe de los directores de Seguridad e Inspectoría de la JCE da cuenta de que el asiento ilegal de extranjeros en la base de datos de la JCE data del período diciembre 2005 a marzo del 2006, y se hacía con la complicidad de empleados de la Dirección General de Migración, para fines de residencia.
Agrega que fue a raíz de que el comerciante español Antonio Granja Guerra, residente en Bávaro, Higüey, se presentó a la JCE, en agosto de 2008, a regularizar su situación porque había sido víctima de un fraude, que la Cámara Administrativa dispuso una investigación en la que se detectaron todas esas irregularidades.
Según el señor Granja Guerra, él fue víctima de un fraude, ya que contrató los servicios del doctor Johnny Manuel Guerrero Gómez por la suma de US$1,000 para que le hiciera los trámites de una residencia legal en el país que resultó ser falsa.
El doctor Roberto Rosario, presidente de la Cámara Administrativa, atribuyó todas esas irregularidades a la falta de controles que dijo, había en la JCE.
Cancelaciones
La Cámara Administrativa recomendó la pasada semana la cancelación de las señoras Clara Sánchez Reyes y Yocasta María Maldonado, del centro de cedulación de Militares que funciona en la Junta Electoral del Distrito Nacional, por cometer irregularidades en el desempeño de sus funciones que incluyen cedular a ciudadanos civiles como militares.
