POR M. SEPULVEDA Y FERNANDO QUIROZ
La Junta Central Electoral (JCE) canceló ayer por conveniencia en el servicio al oficial civil de la Duodécima Circunscripción, Luis Felipe Rodríguez, y aceptó la renuncia de los miembros de la junta municipal de Santiago, la cual dijo que será reestructurada en el menor tiempo posible. De su lado, el cancelado oficial del Estado Civil calificó anoche de atropellante y arbitraria esa decisión y la definió como la crónica de una muerte anunciada y atribuyó al tribunal haber cometido abuso de poder.

De una manera muy escueta, sucinta y esbozada, debo decirles que el pleno, en el caso del oficial civil de la Duodécima Circunscripción, acordó que esa persona sea cancelada por conveniencia en el servicio, dijo Luis Arias Núñez, presidente de la JCE.

Explicó que las denuncias de ese oficial han sido desmanteladas por los magistrados de la JCE. De todos modos, hay un informe de nuestros inspectores que en su momento ustedes lo van a conocer, añadió.

Arias habló durante una rueda de prensa ayer tarde, luego de una reunión del pleno de la JCE.

Estuvieron presentes los demás miembros de la JCE, Roberto Rosario, Salvador Ramos, Luis Nelson Pantaleón, Rafael Díaz Vásquez, Ramón Hernández, Rafaelina Peralta, José Luis Tavárez y Nelson Gómez.

Rodríguez estaba suspendido desde el viernes 30 de septiembre por vulnerar principios elementales de disciplina en administración, porque sus denuncias cuestionaban no sólo la moral de los jueces electorales, sino de los demás oficiales del Estado Civil que llevan a cabo una labor eficiente e incuestionable.

Rodríguez denunció que históricamente las oficialías civiles han sido convertidas en instituciones de enriquecimiento para el oficial del Estado Civil y propuso que sean asignados sueldos a los oficiales.

En otro aspecto, al ser preguntado respecto a la denuncia del juez suplente, doctor Jorge Eligio Méndez, de que jueces electorales se rifaban oficialías civiles, Arias dijo que éste fue emplazado por cinco días para que demuestre con pruebas lo que dijo y que no lo ha hecho.

El dijo que los magistrados cobran un peaje, que lo demuestre porque tuvo cinco días y no lo ha hecho, advirtió Arias. Añadió que eso va a dejar sus huellas en él personalmente.

Al referirse al caso de la Junta Municipal Electoral de Santiago, expresó que dada la importancia que tiene esa provincia, se decidió reprogramar el calendario de conformación y reestructuración de juntas electorales y se le colocó en primer orden.

Al referirse al caso de la condena al país de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por no facilitar actas de nacimiento a las niñas haitianas Dilcia Yean y Violeta Bosico, sostuvo que ese tribunal no podía admitir esa querella hasta tanto no se agotaran los recursos internos.

Explicó que el caso se conoció en la oficialía y la Fiscalía y lo denunciaron a la CIDH sin presentarlo ante la JCE que hubiera podido darle solución al caso. Para que algo tenga admisibilidad a nivel internacional es necesario que se agoten los recursos internos, sostuvo.

En otro orden, dijo que los dominicanos en el exterior votarán en las elecciones legislativas y municipales del próximo año y que se ha elaborado un padrón. Recordó que anteriormente los dominicanos residentes en el exterior podían votar en las elecciones presidenciales.

Lo que acordó la Junta fue que esas personas pueden ejercer el sufragio a nivel congresional y municipal con la particularidad que para ejercerlo tiene que ser en el territorio nacional, explicó.

RODRIGUEZ REACCIONA

El cancelado oficial del Estado Civil de la Décima Segunda Circunscripción, Luis Felipe Rodríguez, calificó anoche de atropellante y arbitraria esa decisión de la Junta Central Electoral (JCE), la que definió como la crónica de una muerte anunciada.

Rodríguez, insistió, que hasta su suspensión inicial, fue ilegal, producto del abuso de poder de los miembros de la JCE.

No puede esperarse otra decisión, que no sea la cancelación, de un organismo como la Junta Central Electoral que ha demostrado ser intolerante, acrítico y no estar acorde con su propia legislación.

Advirtió que continuará exigiendo que se establezca orden en el Registro Civil dominicano, que se cumpla con Ley 892 en lo concerniente a que el servicio sea gratuito para que la población resulte beneficiada.

Igualmente, que a los oficiales del Estado Civil se le establezca un sueldo, no como han dicho el pleno de la JCE, supeditándolo a que el Ejecutivo lo asigne una partida presupuestaria, sino como lo determina la ley. Consideró que el pueblo se siente burlado y extorsionado por los oficiales del Estado Civil con el patrocinio de los jueces de la JCE.

Yo he estado denunciando una serie irregularidades que se han estado cometiendo en el registro civil en perjuicio de la población dominicana, dijo.

Y agregó: Sostengo que los oficiales del Estado Civil y los jueces de la Junta Central Electoral hemos estado violando el artículo 8 de la Ley 892, en consecuencia hemos comprometido nuestra responsabilidad civil y penal.

Dijo que hasta ahora los medios de comunicación han sido quienes han llevado la voz cantante en todos estos reclamos. Yo me siento sumamente agradecido, sobre todo el periódico HOY, que ha asumido de una forma brillante la defensa de lo que ha sido nuestra propuesta, expresó. Cree que el Ministerio Público tiene que conocer hasta las últimas consecuencias las denuncias.

Entiende que la sociedad dominicana tendrá que entrar en un cuestionamiento, en un proceso de reflexión.

Ve que el mensaje que envía los líderes de la JCE, como puerta la democracia es que no se puede hacer un ejercicio decente de la función, sino que lo que se premia es el ejercicio incorrecto y lucrativo.

Hasta anoche, señaló, la JCE no le había notificado la decisión, y que analizará sus razones oportunamente para responder como tenemos que responder, en el escenario que sea necesario.