El presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaños Guzmán, rechazó ayer que se utilice como tema de campaña electoral amenazar o prometer empleos y enfatizó que esta acción se encuentra reglamentada como un ilícito penal en en el artículo 284 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral.
“Todo el mundo tiene derecho a un empleo en el sector público o privado y sacar el punto de los empleados públicos que tienen cargo en el Estado dominicano y convertirlo en tema de debate electoral, aparte de ser una situación de mal gusto y que atenta con la dignidad y la permanencia en los empleos, no solamente de empleados públicos, sino también de los empleados privados”, dijo al repudiar la acción.
Castaños Guzmán afirmó que ese “no es un tema, ni puede ser un tema de campaña, ni de ofertas, de promociones y muchos menos de amenazas, de permanencia o no en el cargo”.
“Usted no puede estar prometiendo empleos, ni diciendo que va a quitar personas, ni sustituirlas, porque es eso un asunto que ya está reglamentado y está en favor de la dignidad de las personas”, expresó.
Puntualizó que esa acción se encuentra reglamentada como un ilícito penal en artículo 284 de la Ley 15-19 con prisión correccional de seis meses a dos años y multas de dos a 10 salarios mínimos.
En los últimos días ha circulado un video de representantes de partidos de oposición que amenazan con cancelar empleados de instituciones públicas.