JCE da por cerrado tema sobre expedición de actas irregulares

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El presidente de la Junta Central Electoral (JCE),  Julio César Castaños Guzmán, dio por cerrado ayer  el tema sobre la prohibición de actas “viciadas”,  y dijo que los que propugnan porque esa decisión sea dejada sin efecto “tendrán que esperar a que haya una nueva Junta”.

Resaltó que sólo en el último año se han detectado 10 mil casos de fraudes en el Registro Electoral, y que a la JCE no la va a detener “nada ni nadie” en lo que tiene que hacer para corregir esa situación.

“Nosotros somos un país que tenemos un estado de derecho, si alguien entiende que la JCE se ha excedido y  abusado de su poder, que someta un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) para que sean los tribunales quienes lo determinen, porque a eso no se le puede tener temor, nosotros tenemos que seguir caminando”, dijo.

Castaños Guzmán habló en esos términos en el programa Hoy Mismo, al preguntársele sobre la insistencia de algunos miembros de la JCE en objetar el reglamento 12-07 que prohíbe la expedición provisional de actos del Estado Civil que contengan irregularidades, no obstante haber sido ratificado por el pleno de ese organismo.

Castaños Guzmán reiteró que no es cierto que la medida de la JCE  sólo afecte a extranjeros, sino a una mayoría de dominicanos.

Manifestó que  el 70% de los casos de fraudes detectados corresponde a doble identidad, es decir, personas que utilizan los documentos de familiares cercanos para obtener actas de nacimiento ilegal,  y el 30%, a otras causas. El presidente de la JCE dijo que muchas actas son usadas  para viajar al extranjero.

Antecedentes

Las prohibiciones

29 de marzo 2007

La Cámara Administrativa de la JCE emitió la circular 017 mediante la cual ordenó a los oficiales del Estado Civil expedir actas de nacimiento en las que detecten irregularidades.

10 de diciembre 2007

El pleno de la JCE dictó su resolución 12-2007, disponiendo la suspensión provisional de expedición de actas del Estado Civil viciadas.  Ambas medidas fueron consideradas como “inconstitucional” por  Eddy Olivares y Aura Celeste Fernández.