El Gobierno anunció ayer la disposición del Consejo Nacional de Migración de medir el impacto de la sentencia del Tribunal Constitucional en lo relativo a los extranjeros inscritos en el sistema registral, tanto regulares como irregulares.
Al mismo tiempo reiteró su compromiso de buscar una salida humanitaria ante la situación de las personas que se consideran dominicanas y que sienten afectados sus derechos como consecuencia de la decisión.

La disposición fue leída por el vocero de la Presidencia, Roberto Rodríguez Marchena, tras una reunión de casi cuatro horas del Consejo Nacional de Migración, con la presencia del presidente Danilo Medina, el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo y el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, César Pina Toribio.

La responsabilidad de medir las consecuencias de la controversial decisión fue puesta en manos de la Junta Central Electoral (JCE) que, en un plazo de 30 días, deberá rendir un informe al respecto. Asimismo, el Consejo determinó elaborar el Plan de Regularización de Extranjeros, en un plazo no mayor a los 60 días, y proceder a la conformación del Instituto Nacional de Migración junto a la designación de su director ejecutivo.