Hoy 
LOYDA PEÑA
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El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), doctor Julio César Castaños Guzmán, afirmó ayer que la solución al problema de la documentación de los hijos de inmigrantes no legales en el país está en manos del Poder Ejecutivo, no de ese organismo.
Rechazó que con la decisión de la Cámara Administrativa de restringir la expedición de actas de nacimiento de personas que no puedan demostrar la nacionalidad dominicana de sus progenitores, se esté provocando un genocidio retroactivo.
Ninguna institución en el país, hasta ahora, ha hecho respetar más los derechos humanos de los inmigrantes ilegales que la JCE con la creación del Libro de extranjería, dijo Castaños Guzmán.
No obstante, señaló que para regular la situación de esas personas, muchas de las cuales tienen lustros viviendo en la República Dominicana, es necesario el reglamento de migración.
Yo creo que los derechos humanos de las personas no pueden ser conculcados, y que a esa situación, que no sólo afecta a nacionales haitianos, sino también a muchos dominicanos y otros extranjeros, hay que buscarle una solución, pero la JCE ya hizo su parte, que es el Libro de extranjería, la otra parte corresponde al Poder Ejecutivo que no ha dado el reglamento que corresponde a la regularización, a pesar que la Ley de Migración es del 2004 y estamos en el 2008, expresó el presidente de la JCE.
En ese sentido, Castaños Guzmán calificó como injusta la calificación de genocida que se le ha dado a la circular 017 emitida por la Cámara Administrativa.
Genocida es cuando se decide la aniquilación de un grupo de personas por razones de raza, religión o por razones políticas, y la JCE no es nada de eso; yo creo que hay que tener un poco de respeto por el significado de las palabras, por las instituciones, y sobre todo, en aras de la justicia y de los derechos de los demás, hay que tener un poco de cuidado de estar insultando a las personas, agregó Castaños Guzmán.
Abogó porque el reglamento de migración sea dado a la mayor brevedad.
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La circular 017
Fue emitida el 29 de marzo del 2007 por la Cámara Administrativa (CA) que preside el doctor Roberto Rosario. En la misma se ordena a los oficiales del Estado Civil, abstenerse de expedir, firmar o copiar, cualquier irregularidad que se presente en las actas de nacimiento u otro documento del estado civil de las personas y remitir el expediente a la CA, quien procederá de acuerdo con la ley.
