La Junta Central Electoral -JCE- sigue esperando que el Gobierno le entregue los  RD$1,384 millones que le prometió en enero pasado para completar la organización de las  elecciones congresuales y municipales del 16 de mayo de este año. El organismo está en aprietos porque no está al día en el pago a suplidores de materiales, equipos y servicios y porque otros le exigen avances considerables para entregarle encargos  ya licitados.

Con las elecciones a la vuelta de la esquina y por las innovaciones introducidas en el proceso, deberíamos ahorrarnos el lujo de esperar el último momento para dotar a la Junta de los recursos económicos que necesita. La JCE comunicó a tiempo sus  necesidades financieras y las autoridades, en su momento, fueron receptivas y prometieron cubrir lo necesario, pero el tiempo corre, hay tareas pendientes  y cada vez está más cerca la fecha de las votaciones.

  La JCE necesita cubrir atrasos de tres meses en el pago de publicidad, de obligaciones que tiene con la Dirección General de Impuestos Internos, y deudas con el Banco de Reservas, el consorcio Soluciones Modernas (Somo), el Plan de Retiro y pago pendiente de  órdenes colocadas. La lentitud del Gobierno pasaría desapercibida en cualquier otra época, menos en las proximidades de unas elecciones con novedades.

Vagancia con cargo al erario

Los regidores del ayuntamiento de Santo Domingo Oeste están en receso desde agosto del año pasado, cuando un incidente violento matizó la  elección del bufete directivo. Pero el prolongado receso no significa que hayan dejado de cobrar sus sueldos y dietas como si estuviesen trabajando. El  presidente en funciones del Concejo de Regidores, Felipe Santiago Brito,  afirma que han sido inútiles los esfuerzos que ha hecho para tratar de que sean reanudadas las sesiones regulares.

No parece que haya manera de justificar que un Concejo de Regidores permanezca tanto tiempo sin laborar y que el Gobierno del municipio en cuestión lo tolere sin hacer nada. Una arista de la cuestión es que están de por medio intereses de partido, y eso traba la solución del conflicto. De cualquier modo, debe haber una  autoridad con poder suficiente para ponerle fin a un estado de vagancia que es pagada puntualmente con recursos del erario.