RAMÓN NÚÑEZ RAMÍREZ
Más de tres meses de negociaciones, tratando de armar y desarmar el muñeco de las candidaturas, fueron insuficientes para las cúpulas del PRD y el PRSC arribar a todas las boletas nacionales, traspasando el problema a la JCE y revelando de paso las debilidades institucionales  del tribunal electoral.

La alianza rosada se ha desgastado en la repartición del pastel virtual de las candidaturas entre las facciones dominantes de ambas organizaciones, el PPH del lado blanco y la del candidato a senador higüeyano del lado colorao, y, sencillamente, como se le agotaba el plazo para seguir haciendo cambios y modificaciones en el orden, los delegados de ambas organizaciones presentaron 15 minutos antes de la medianoche una comunicación dirigida al presidente de la JCE y al pleno del organismo solicitando una prórroga de 24 horas, tiempo que supuestamente sería empleado para resolver problemas tecnológicos, el borrado del disco del centro de cómputos, versión tan ridícula que los propios postulantes trataron de validar con un acta notarial firmada por  los presidentes Alburquerque y Antún.

El problema no se reduce a la aceptación de las candidaturas o el rechazo, pues a nadie en su sano juicio podría caberle la idea de celebrar elecciones sin la participación de esas dos importantes fuerzas políticas. Debían ser inscritas, pero respetando los procedimientos acordados por la ley electoral. El pleno de la JCE tenía facultad para aprobar esa prórroga, pero ninguna orden de una parte de los jueces otorgaba potestad al secretario de la JCE para recibir candidaturas incompletas que tardaron más de una semana en ser sometidas en su totalidad.

Hecho consumado y posteriormente el pleno legitimó las irregularidades cometidas la noche del 17 de marzo, dejando al descubierto las debilidades partidarias de una junta cuyos jueces en su momento validaron los “ceritos y palitos” que en las elecciones del 2002 costaron varias ‘curules’ al PLD, entre ellas la senaduría por Santiago, en donde se llegó al extremo de pronunciarse el pleno de la JCE pasándole por encima a la junta municipal.

Esas trapisondas de las elecciones del 2002 y la decisión del PPH de postular al presidente Mejía por encima de su partido, de la impopularidad y del desgaste por el desastre económico, fueron motivos suficientes para que la comunidad internacional y la sociedad civil insistieran en la creación de una comisión de seguimiento, cuya sola mención en la actualidad provocó anatemas en ciertos jueces que osaron en calificar de “fatídica” la noche del 16 de mayo, en donde la voluntad popular, expresada en el 57% de los votantes, decidió sacar al PPH del Palacio y llevar de nuevo a Leonel Fernández y al PLD.

La verdadera noche fatídica fue el pasado 17 de marzo, día en el cual se manifestaron las debilidades de una junta, en cuyo seno hay jueces obedientes a una facción de un partido político, pero también en esa noche se reiteró la capacidad de alterar el orden de un equipo que ha corroído los cimientos del PRD histórico de Peña Gómez y de paso amenaza con diluir un partido reformista con unas cotas de simpatías crecientes registradas antes de la concertación de la alianza rosada.

Es la misma facción que desde el Poder Ejecutivo en el 2000- 2004 duplicó irresponsablemente la deuda externa, rompieron el equilibrio macroeconómico merced a políticas fiscales y monetarias expansivas, que además abordaron con absoluta torpeza e ilegalidad las quiebras bancarias  y posteriormente colocaron el país como uno de los casos mas difíciles del FMI por dos incumplimientos sucesivos de todas las metas del programa stand-by.

Ese mismo PPH ha traspasado a la JCE los conflictos internos y los de la alianza, colocando automáticamente en franca debilidad la institución llamada a organizar y juzgar los resultados de las elecciones del 16 de mayo.

Frente a un equipo de gobierno que ocultaba bajo la manga un “plan B”, desarticulado por la comunidad internacional y jueces sensatos, la sociedad civil debe prestarle toda la atención, sea con una nueva comisión de seguimiento o sea mediante una masiva observación local e internacional.

El PPH, para competir como una opción de poder en el 2008, necesita del oxígeno suministrado por una parte sustancial del pastel congresional y municipal; como grupo tienen todo el derecho a esas aspiraciones, pero en la democracia esas posiciones deben ganarse en comicios transparentes, sin el dado cargado de jueces parciales facilitadores de las trampas ejecutadas en el pasado y ahora ensayadas con éxito afectando las legítimas aspiraciones de muchos perredeístas y reformistas.