JUAN TOMÁS OLIVERO FIGUEREO
Definitivamente la sociedad dominicana y sus partidos constituyen un fenómeno muy particular y especial. Sin lugar a equivocarme, este es el único país del mundo en donde los que deben someterse a la ley y acatar su imperio, se sindicalizan contra la norma y se sublevan. La gleba insurrecta partidaria es quien decide en este país qué se cumple y qué no se cumple, qué es legal y qué no es legal, qué acata y qué no acata. Se ha formado un frente electoral sindical para defender el derecho al caos, al desorden y al dispendio.

La doctrina de qué fue primero, el desorden en la campaña electoral y desconocimientos de los límites de la ley, o el reglamento y su fuente la Ley Electoral 275-97. Según el mercantilismo electoral, los contratos publicitarios y el proselitismo electoral ya comenzaron y es tarde para pararlos, por los daños económicos, no importando con ello que se fomente una cultura aberrante de irrespeto a la ley.

Otro aspecto preocupante es la confrontación que se produce entre los partidos por el plano en que ésta se expresa, la polémica entre las Cámaras que componen la Junta Central Electoral por un litigio de competencias y las disidencias personales entre jueces. Este comportamiento irresponsable resulta insano para la salud política del Estado dominicano.

Carece de todo tipo de justificación que un organismo de máxima autoridad, íntimamente vinculado a la preservación del ejercicio de gobierno, categoría más elevada de la realización estatal, aparezca como una razón cualquiera haciendo denuncias fuera de escenario y reversando procesos que destruyen el orden normativo. Este no es el papel de la junta, su rol es arbitrar y aportar elementos para la preservación del Estado, y no aparecer en público quejándose y haciendo arreglos al margen de la ley.

La obligación moral y legal, naturaleza social reguladora de la Junta, es operar en función de la ley que le da máxima potestad en materia electoral.

En la estructura del Estado, los organismos de arbitrajes tienen que estar por encima de pasiones, intereses grupales y personales, sus miembros no se pueden dejar contaminar por tendencias y preferencias políticas e ideológicas; esta es la esencia de un organismo estatal de arbitraje como la Junta Central Electoral. Su condición de organismo superior de arbitraje del Estado, le coloca por encima del orgullo de notables o del derecho al privilegio de líderes y partidos políticos. El gran fracaso de la Junta Central Electoral tiene sus orígenes en su conformación, sus miembros son una representación de los intereses particulares de los partidos políticos; no así, una expresión de los intereses generales del Estado.

Quienes asumen funciones de jueces de arbitraje superior, como es el caso de la Junta Central Electoral, tienen que convertirse en ermitaños del Estado, para llegar así a ser hombres superiores que se colocan por encima de las pequeñeces, trivialidades y diatribas típicas de la arrabalización partidaria dominicana.

La confrontación entre mecanismos de un mismo organismo que debe actuar de forma armónica, es preocupante e inaceptable en el funcionamiento del Estado; en el caso de la Junta Central Electoral este comportamiento es la mayor expresión de que carecemos de una concepción sistémica del Estado y de una sólida filosofía de Estado. Para tener una visión de uniformidad en el funcionamiento de las instancias del Estado, debe existir la clara conciencia de que el Estado es un todo armónico, en el que las partes que lo conforman, lo hacen de manera coherente, articulada y lógica. Solo cuando se preserva su naturaleza sistemática, es posible garantizar seguridad, estabilidad, arbitraje y desarrollo institucional.

Los clásicos, forjadores del pensamiento filosófico-político establecieron que a la dirección del Estado y del Gobierno deben ascender los hombres superiores, no por razones raciales; sino epistemológica. En América Latina, hombres superiores como Juan Pablo Duarte, Simón Bolívar, José Martí, José de San Martín, Benito Juárez, José Francisco Peña Gómez, Eugenio María de Hostos y Juan Bosch, ya no están en nuestro quehacer político para sembrar con sus pensamientos el ideal más alto de la sociedad.

No podemos seguir siendo ridículos actores de un teatro desagradable que pone en riesgo el Estado, la democracia y el futuro de la Nación dominicana. El presidente Leonel Fernández tiene la oportunidad y las condiciones de convertirse en un hombre superior, si no se deja atrapar por la intrascendencia del lenguaje del discurso político y del ejercicio del Estado.

Platón establecía en el Hipia Menor, que el cálculo racional es una forma de alcanzar «la Ley de armonía social»; para esto hay que fundamentar la política en la Filosofía. Para dar sustancia a nuestra aspiración de reforma, desarrollo institucional y modernización, hay que desarrollar una conducta y una filosofía de reformas creadora de argumentos constructivos, soluciones positivas y cálculo racional.