POR LOYDA PEÑA
El pleno de la Junta Central Electoral (JCE) acordó anoche  no tomar ninguna decisión respecto a los funcionarios y empleados del organismo involucrados en la comisión de irregularidades en la implantación y suplantación de personas en documentos de identidad, pero hasta tanto no concluyan las investigaciones.

Asimismo, el organismo suspendió el pago del incentivo especial que reciben los jueces electorales, hasta tanto la Cámara de Cuentas dé una respuesta técnica acerca de la legalidad o no del mismo. Ambas decisiones fueron dadas a conocer por el presidente de la JCE, doctor Julio César Castaños Guzmán, al término de una sesión de  nueve horas, en la que dijo que también se aceptaron  nueve renuncias presentadas por igual número  de empleados.

 “El tema más debatido fue el que se refiere al incentivo de los jueces: Se resolvió solicitarle a la Cámara de Cuentas un informe técnico, aceptar el resultado de esa consulta cualquiera que fuere y no volver a hablar del tema hasta tanto se obtenga ese informe”, explicó Castaños Guzmán. Manifestó que la solicitud a la Cámara de Cuentas será hecha hoy e irá acompañada del reglamento y las disposiciones mediante las cuales se estableció el mismo en el año 1993.

 Dijo que prefirieron consultar a la Cámara de Cuentas y no tomar una decisión por mayoría de votos en el pleno, porque el interés no es vencer, sino convencer acerca de la legalidad del incentivo, “porque así nos sentiremos absolutamente liberados”. El presidente de la JCE dijo ser partidario de que si la Cámara de Cuentas observa el incentivo, los jueces devuelvan lo que hayan devengado por ese concepto.

 Con relación al informe que rindió el Departamento Nacional de Investigaciones, DNI, sobre las irregularidades en las que estarían involucrados funcionarios, ex jueces y empleados de la JCE en el país y en el exterior, Castaños Guzmán dijo que no se tomará ninguna medida hasta tanto no concluyan esas indagatorias. Refirió que el DNI es un  organismo del Estado y la JCE una institución que para hacer un sometimiento debe tener pruebas transparentes y fidedignas que lo sustenten ante el Ministerio Público.

“La Junta no puede hacer investigaciones penales, sino administrativas y de tener esas investigaciones visos de seguridad, intervendría el Ministerio Público, y hasta ahora hacen faltas juicios concretos y concordantes, porque no todo lo que sale en los periódicos siempre es verdad”, enfatizó.

 Castaños Guzmán descartó que esas denuncias puedan afectar la imagen del tribunal de elecciones, sino que la elevan, afirmando que las mismas ponen en evidencia que el organismo está trabajando, ya que todas las denuncias han sido ellos mismos quienes las han hecho.  El pleno de la JCE lo integran, además de Castaños Guzmán, los magistrados Roberto Rosario, Mariano Rodríguez, Eddy Olivares, Aura Celeste Fernández, Leyda Piña, César Féliz Féliz y John Guilliani Valenzuela.