RAFAEL TORIBIO
Desde que el PRD decidió sustituir el procedimiento de consultas para elegir a los miembros de la Junta Central Electoral, prefiriendo la imposición al consenso, y que fueran militantes o simpatizantes del partido con mayoría en el Senado el organismo superior en materia electoral, no ha dejado de tener el cuestionamiento sobre su legitimidad, confianza e imparcialidad. En cada una de las elecciones las partes siempre han desconfiado del árbitro, dando lugar al final de todos los procesos a una crisis.

Ahora, cuando se retoma el procedimiento que se había descartado y se le logra dotar de una mayor legitimidad que las anteriores, que la mayoría de sus miembros cuentan con el reconocimiento de la ciudadanía y que después de la juramentación toman decisiones que presagian una buena gestión, aparece entonces otro problema: el de los sobresueldos y el plan de pensiones, denunciados por una de sus miembros, y las reacciones de los demás, que se traduce en la disminución de la legitimidad que tuvo al ser nombrada. En términos populares, “cuando no es Juan es Pedro”. Es decir, un problema sucede a otro.

La legitimidad de origen, esencial en un organismo de su naturaleza, comienza a erosionarse en el ejercicio, esta vez por factores internos, no externos, y por un manejo tan inadecuado de una dificultad que toma ribetes de crisis y que puede interpretarse como una falta de madurez entre sus miembros que le puede imposibilitar enfrentar y resolver problemas de mayor envergadura en los que estén envueltos intereses mucho más fuertes.

Ante la denuncia formulada por la doctora Aura Celeste Fernández, de que los sobresueldos que recibían eran ilegales y que el sistema de pensiones era un privilegio irritante, por lo que renuncia a ellos, la reacción de los demás integrantes fue, en un primer momento, considerar que esta situación no debió hacerse pública y luego tratar de justificar lo que recibían, argumentando que era algo establecido con anterioridad a sus nombramientos, que la dedicación al cargo merecía eso y más; uno llegó hasta expresar que no había ido a la Junta Central Electoral a empobrecerse. Posteriormente rectificó esta lamentable primera declaración.

Parte de la ciudadanía reacciona indignada cuando conoce la situación y los medios de comunicación se hacen eco de las declaraciones a favor y en contra de los propios miembros del organismo. El tema se conoce en el Pleno y la decisión que se toma no es renunciar a estos privilegios, quedebieron considerarse, al menos, como contrarios a la ética, sino mantenerlos, pero acogiéndose a pagar los impuestos correspondientes que antes no se pagaban. A la decisión de la jueza que hizo la denuncia de no recibir estos privilegios se sumó el juez que había declarado que no iba a la Junta a empobrecerse y últimamente el Presidente del organismo, en una carta pública, declara que renuncia a los sobresueldos e invita a quienes no lo han hecho que lo hagan, por entender que el “soberano” no está de acuerdo en que lo mantengan.

Si así lo hicieran, estarían contribuyendo al restablecimiento de la legitimidad perdida y recuperando la consideración positiva que la ciudadanía había expresado por la mayoría de sus integrantes.

A la doctora Aura Celeste Fernández hay que agradecerle no sólo que haya hecho la denuncia y renunciado a este irritante privilegio, sino que diera lugar a que se conociera que esta es una práctica generalizada en muchos órganos del Estado, empezando por la Cámara de Cuentas que apoderada del caso se declaró incompetente, argumentando criterios jurídicos, pero que en realidad obedecía a que eran juez y parte, porque reciben sobresueldos mensuales mayores. A partir de su denuncia hemos sabido de las remuneraciones excesivas que reciben las máximas autoridades de algunos órganos del Estado que superan las que reciben sus homólogos en otros países mucho más desarrollados que el nuestro.

Normalmente pensamos que el deterioro de los partidos políticos y el rechazo de la ciudadanía de la política y de los políticos son los causantes del colapso de los sistemas, pero ¿no contribuye a ello también esta apropiación desmedida de fondos públicos para beneficio personal sin que se tomen medidas para evitarlo, sobre todo cuando se declara que está en marcha una reforma institucional?