POR TANIA HIDALGO Y ROSA ALCÁNTARA
El fiscal del Distrito Nacional,  José Manuel Hernández Peguero, informó ayer que “mueve a sospecha” que el presidente de la Junta Central Electoral (JCE),  Luis Arias, instruyera a los oficiales del Registro Civil para que impidan la entrada de fiscales en las oficialías. Estimó que eso deja entender que algo esconde el presidente de la JCE.

Dijo que Arias “se opone a que los fiscales hagan su trabajo”.

“Queremos denunciar la actuación irregular, sin ningún tipo de fundamento jurídico por parte del presidente de la JCE, que ha instruido a los oficiales del Estado Civil impedirles la entrada a los fiscales que deben supervisar las actuaciones de los oficiales del Estado Civil”, dijo el fiscal Hernández Peguero.

“Hemos agotado durante dos meses una serie de encuentros, diligencias y comunicaciones con el fin de  que ningún inconveniente se suscitase. Sin embargo, la respuesta ha sido que necesitamos una autorización de la JCE para que nuestros fiscales puedan tener acceso a revisar los libros y verificar si se están registrando las actas  debidamente”, afirmó Hernández Peguero.

Sostuvo que la actitud de Arias entorpece la labor que legalmente está asignada a los fiscales.

Explicó que han hecho diligencias para que se realicen las supervisiones establecidas mediante la Ley 659 sobre los actos del Estado Civil.

“Creo que no hay mejor momento que este para que un poder independiente de la JCE supervise lo que está sucediendo. Tenemos denuncias de graves  anomalías. Aquí se está poniendo en juego la identidad del pueblo dominicano”, señaló.

Mostró cartas remitidas al presidente de la JCE en las que explica las razones de hacer las investigaciones.

Dijo que confía en que la sensatez se imponga, porque su único interés es cumplir con la ley.

PINA TORIBIO

Ayer el consultor Jurídico del poder Ejecutivo, César Pina Toribio, propuso que se haga una nueva reglamentación de las oficialías de Estado Civil que asegure el acceso a la población a esos servicios, que se les fije sueldos a los oficiales «para que los recursos que se generen vayan a fortalecer el sistema en sentido general y no a aprovechar de manera particular” a los funcionarios.

Asimismo, el delegado Político del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) ante la Junta Central Electoral (JCE), Víctor Gómez Bergés, pidió a las autoridades investigar «las graves y dañinas» denuncias que hicieron el oficial del Estado Civil de la Décimo Segunda Circunscripción de Santo Domingo Este y el miembro suplente del organismo electoral.

De su lado, el secretario general del PRD, Orlando Jorge Mera, al calificar de preocupante las denuncias, dijo que esa organización convocará a su delegado ante la JCE y al secretario nacional electoral para edificarse mejor sobre esa situación.

El miembro suplente de la JCE, Jorge Eligio Méndez Pérez, había denunciado que las oficialías del Estado Civil fueron «rifadas» por los actuales jueces electorales y que por ello los oficiales obedecen a los intereses de los magistrados.

Previo a esa denuncia el oficial del Estado Civil de la Décimo Segunda Circunscripción de Santo Domingo Este, Luis Felipe Rodríguez afirmó que más de dos millones de dominicanos están sin inscribirse en el registro civil, y que históricamente las oficialías de Estado Civil han sido utilizadas para hacer ricos a oficiales civiles. Rodríguez aboga porque las actas de nacimiento se ofrezcan de manera gratuita y que los oficiales reciban sueldos fijos.

Al opinar sobre la situación actual de las oficialías civiles, Pina Toribio dijo que el presidente Leonel Fernández y el PLD le han dado apoyo pleno al proyecto de modernización del registro de Estado Civil a cargo de la JCE.

Entiende que un proceso como ese debe incluir una nueva reglamentación de las oficialías del Estado Civil que aseguren fundamentalmente el acceso de la ciudadanía a esos servicios, que aseguren el mas alto nivel de registro de los acontecimientos que tienen que ver con el Estado Civil para que aseguren la eficiencia.

Consideró que las remuneraciones fijas que se correspondan con la dimensión de la circunscripción donde se geste esa función y que los recursos que se generen vayan a fortalecer el sistema en sentido general.

En tanto, el dirigente reformista Gómez Bergés entiende que situaciones como las denunciadas no se pueden tolerar, en el sentido que se debe investigar a fondo para comprobar la veracidad o no de esas denuncias.

Favoreció que los oficiales de Estado Civil reciban sueldos fijos, por considerar que si no es así  se crea una distorsión en el servicio prestado.

Abogó porque la Junta junto a los partidos políticos tome una decisión sobre las anomalías que pudieran existir en las Oficialías de Estado Civil.