En un nuevo intento por regular a los partidos políticos y su accionar, la Junta Central Electoral (JCE) reintrodujo ayer ante la presidencia de la Cámara de Diputados el proyecto de Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas en la República  Dominicana, luego de que perimiera en la legislatura pasada.

El presidente del organismo legislativo, Abel Martínez, aseguró que la iniciativa será ampliamente discutida a fin de lograr el consenso necesario para su aprobación.

Planteamientos.   En sentido general, el proyecto persigue  evitar el transfuguismo  de los dirigentes políticos, fiscalizar los recursos que reciben  esas organizaciones y sus candidatos, así como controlar o establecer  límites a las campañas electorales.

Contempla que los dirigentes de los partidos que hayan sido encontrados culpables de despojo de candidaturas ganadas válidamente en elecciones primarias para favorecer a otros, así como los que otorguen o reciban recursos del Estado para proselitismo serían condenados a prisión correccional de tres meses a un año y multas de 20 a 100 salarios mínimos.

El  artículo 71 propone que en los citados casos de violaciones, dispone, además de las multas y la prisión, la inhabilitación de los dirigentes culpables para ser candidatos a posiciones de elección popular para uno o dos períodos electorales siguientes. En  su artículo 11, el proyecto  dispone que no será admitida ninguna solicitud de reconocimiento formulada por un partido o agrupación que hubiese sido reconocido en dos ocasiones o más y que se hubiese extinguido por cualquier causa.

Cero descuentos.   Entre las prohibiciones que establece el proyecto figura imponer o aceptar requerimientos o deducciones de salarios a los empleados públicos o de empresas particulares, aun cuando se alegue que son cuotas o donativos voluntarios.

Prohibe, además, favorecer o privilegiar a determinado candidato interno con informaciones, apoyo económico o de cualquier otra naturaleza en detrimento de los derechos de otro candidato de la misma colectividad política.

Formación política.   Según el proyecto, los partidos están obligados a contribuir a la formación política y al adiestramiento técnico de todos los ciudadanos en asuntos de Estado, a la instrucción de sus miembros en la ideología partidaria y a la difusión de los valores cívicos y patrióticos. Igualmente, de  los derechos humanos, las libertades públicas y la democracia.

Cuota femenina.  El artículo 42 del proyecto dispone que la forma y mecanismos de escogencia de los candidatos a puestos de elección popular respetará la cuota del 33% de los cargos electivos que por ley corresponde a la mujer.

Consenso.  Abel Martínez aseguró  que buscarán el consenso necesario, dada la importancia de este proyecto ley para la democracia y   la transparencia de los procesos electorales”.

Dijo que en caso de aprobarse la iniciativa en la presente legislatura, sería “para el porvenir, dado que ya estamos en el fragor de la campaña y los intereses  electorales pudieran afectarle”.

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Tortuoso proceso

En junio pasado, el presidente de la JCE, Roberto Rosario, entregó el proyecto de ley al presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez,   pero la falta de interés de la clase política ha retrasado su aprobación. En esa oportunidad, la iniciativa fue remitida a una comisión bicameral encabezada por el  senador Julio César Valentín  y la diputada Karen Ricardo. También formaba parte de la misma el senador Rafael Calderón, quien en el cuatrenio 2006-2010 presidió la comisión de diputados  que tuvo a su cargo el estudio de otras iniciativas similares, pero que finalmente caducaron.