En el proceso de entrenamiento y designación de los funcionarios llamados a conformar los Colegios Electorales, la Junta Central Electoral,  prevaleciéndose erróneamente de sus facultades reglamentarias, viene violando la aun vigente Ley Electoral.

Los Artículos 36 y 37 de la Ley No. 275-97 establecen las condiciones  que  se requieren para ser  miembro, presidente, secretario  y sustituto de secretario  de un Colegio Electoral, y que  el nombramiento del personal de los Colegios Electorales que funcionarán dentro de la jurisdicción de cada municipio es competencia exclusiva de la Junta Electoral correspondiente. Sin embargo, pretendiendo imponerles  a las Juntas Electorales establecidas en todos los municipios, a funcionarios mayoritariamente del gobernante  Partido de la Liberación Dominicana, han inventado una nueva condición (indispensable) para ser nombrado funcionario: poseer el Certificado de Aprobación de Entrenamiento Electoral (CADE) que es otorgado por la JCE después  de cruzar la relación de participantes con el padrón de los partidos, a fin de identificar su militancia, excluyendo mayoritariamente a los del PRD y aliados.

De esa manera, los certificados (CADE) que envía la JCE a las respectivas Juntas Electorales llegan depurados, limitándole  de esa manera la facultad legal de nombrar sin interferencias a los ciudadanos que aspiran a funcionarios de los Colegios Electorales.

Es una modalidad de fraude que empieza temprano,  en el momento en que es conformada  la dirección de los Colegios Electorales. Estando la JCE hegemonizada por el PLD, al igual que las demás instituciones de poder público de la nación, la dirección de los entrenamientos que comienzan este mes y el otorgamiento de los certificados de aprobación (CADE) debieran ponerse en manos de las universidades, el Centro Bono y Participación Ciudadana, si es que pretendemos un proceso electoral libre de sospechas y engaños. Estamos a tiempo.