Carlos de Secondat, Barón de Montesquieu redactó su inmortal obra el Espíritu de las Leyes postulando que el nombre de la paz social consistía en la separación de los poderes fundamentales que conducen las sociedades, para impedir que el control de todos ellos por una sola voluntad se derivara en la arbitrariedad y el despotismo, no existía la figura jurídica para arbitrar los procesos electorales.
Los tribunales electorales resultan los organismos estatales que organizan, conducen y expiden los resultados de las consultas de sus ciudadanos para escoger las autoridades que regirán sus destinos por tiempos establecidos de cuatro, seis y ocho años, dependiendo la estructura de cada uno de ellos en sus respectivos escenarios y países.
En el nuestro, la Junta Central Electoral es el poder estatal responsable de los comicios donde la ciudadanía expresa la escogencia de sus autoridades, y al iniciar la etapa democrática post-Trujillo, el Consejo de Estado presidido por el jurista Rafael Bonnelly escogió para presidir la JCE al también jurista Ángel Liz Núñez, que organizó un proceso electoral impoluto.
Conocemos todos las marrullerías usadas por el presidente Joaquín Balaguer para trocar votaciones adversas y ganarlas en las sumisas JCE de entonces, y ahora, el PLD controla todos los poderes del Estado, la JCE “incluida”, y la sociedad reclama estructurar una JCE nueva, equilibrada, representada por los principales partidos.
La gobernanza reclama una JCE lo más próxima a la imparcialidad y transparencia, diferente a la actual, proponiéndose valores cívicos como Roberto Saladín Selim, Carmen Imbert Brugal, Trajano Vidal, Rafaelina Peralta, Juan Miguel Castillo Pantaleón, Rosario Graciano y Sonia Hiciano, y así debiera ser conformada, entre otros, mañana, por el Senado, para que la gobernanza prevalezca, por encima de la gula censurable y peligrosa del poder absoluto.