La Junta Central Electoral (JCE) y la Procuraduría General de la República acordaron ayer implementar por primera vez en el país, para las próximas elecciones, el voto de los reclusos sobre los cuales no haya recaído una condena, por lo que alrededor del 50 por ciento de los internos podrán ejercer ese derecho.

En el convenio firmado por el presidente de la JCE, Roberto Rosario, y el procurador Francisco Domínguez Brito, se destaca que a partir de este momento el organismo electoral proveerá los mecanismos de consulta e identificación de personas, imputadas, y privadas de libertad con información biométrica en su motor de base de datos.

Con este acuerdo no habrá excusa para no identificar a aquellos imputados o acusados de cometer algún delito, por falsedad de nombre o carecer de documento de identidad y electoral, como es costumbre hasta este momento, ya que serían identificados mediante las huellas biométricas.

De igual modo, la JCE proveerá al menos 85 equipos de lectura de información biométrica de personas (escáneres de huellas digitales, cámaras, entre otras) de las que 50 serán distribuidas en los centros de rehabilitación del nuevo modelo de gestión y centros de reclusión del modelo tradicional, y 35 para las procuradurías fiscales.

Además, la Procuraduría General podrá acceder al Archivo Maestro de Cedulados, vía Web, a través de una aplicación creada para consultar en línea durante el proceso de empadronamiento, identificación o actualización de identificación de personal, de manera que pueda tener accedo a cualquier registro de base de datos, incluida la información biométrica.