Injusticia. Dice Ministerio Público actúa por rencor
Exprocurador. Explica, en un extenso documento que fue enviado ayer por sus abogados a este diario, que su prisión preventiva es en realidad una pena anticipada
Asegura privación de libertad se debe a una resolución sobre medida de coerción que resultó como consecuencia de la violación a su derecho de defensa
El exprocurador de la República, Jean Alain Rodríguez, aseguró ayer que está en prisión preventiva porque lo que pesa en realidad sobre él es una pena anticipada lograda a través del populismo penal que impulsa el Ministerio Público, que está actuando en base al rencor.
Rodríguez hizo esta afirmación en un extenso documento que fue enviado ayer por sus abogados a este diario. A continuación el texto íntegro de su comunicación:
“Luego de una cadena de trasgresiones a no pocos de mis derechos fundamentales, que inició el pasado 24 de junio con el impedimento de mi ejercicio al libre tránsito sin la existencia de una orden judicial, cinco días después, el 29 de junio, me presenté de forma voluntaria, sin haber sido antes requerido o citado ante la Procuraduría General de la República.
Desde ese día estoy privado de libertad, en un recinto donde se encuentran cientos de personas sometidas y condenadas en mi gestión, separado y lejos de mi esposa, hijos y demás familiares. Esta privación de libertad se debe a una resolución sobre medida de coerción dictada por la magistrada Kenya Romero, que resultó como consecuencia de la violación a mi derecho de defensa. En estas audiencias, no me permitieron referirme ni defenderme de las falsedades que se me imputan y esto no solo viola la ley, sino que es grave para un Estado de Derecho, libre y democrático como es nuestro país.
Lo que realmente pesa sobre mí es una pena anticipada lograda a través del populismo penal que impulsa el Ministerio Público, actuaciones que lamentablemente también tienen un ingrediente de rencor. Lo más grave es que esta pena está basada en violaciones a la Constitución, en ilícitos penales y faltas disciplinarias que con saña y maléfica intención se desplegaron en mi contra.
Pese a que aún no nos encontramos en la fase de comprobación de culpabilidad o inocencia, a mí se me señala y se me mantiene privado de libertad por ser supuestamente responsable de soborno y sin embargo no se identifican sobornantes, inculpado de supuestos vicios de construcción sin ser ingeniero y sin perseguir o identificar a los contratistas, y de sustracción de equipos electrónicos – antidrone – que han estado en todo momento en manos de las autoridades, dos de ellos incluso en manos del equipo de seguridad del Presidente Luis Abinader.
Lo más interesante: los contratos cuya licitud es cuestionada fueron ratificados, e incluso los montos de contratación iniciales fueron aumentados en casi 300 millones de pesos por la actual titular de la Procuraduría General de la República en el pasado mes de diciembre del 2020, esto en virtud de un reconocimiento de equilibrio económico o extensión de plazo para las 11 principales obras de construcción de recintos penitenciarios del país.
A todo lo anterior debo agregar la más grave de todas las violaciones de derechos que se cometió en mi contra: la falsificación intelectual de un mandato colocado con mi puño y letra que reza: “Aprobado debiendo cumplir proceso legal”, que el acusador falseó al convertir y argumentar ante la jueza que expresaba “Aprobado debido cumplió proceso legal”.
Todo lo que se me atribuye, son actuaciones que se encuentran revestidas de la presunción de legalidad que consagra la Ley núm. 10-04 de la Cámara de Cuentas, precondición que solo es destruible mediante un informe final de auditoría o estudio especial de la misma.
Todos estos puntos y falsedades serán debidamente debatidas y derribadas en la fase correspondiente, que es en la etapa del juicio de fondo, pero lo que muchas personas no conocen es que el momento procesal en el que hoy me encuentro no es ese, sino en el de debatir si yo, Jean Alain Rodríguez Sánchez, padre, esposo, hijo, acreedor del derecho fundamental a la presunción de inocencia soy una persona que podría tener interés en sustraerse del proceso, cosa que jamás he considerado ni sería capaz de hacer.
Lamentablemente, y así lo venimos sufriendo muchos que nos encontramos sometidos a los embates de la persecución punitiva, como forma de política criminal se ha trasladado al ámbito penal un lacerante populismo, que promueve con consignas mediáticas y supuestas demandas populares que a toda persona le sea impuesta prisión preventiva como pena anticipada y como trofeo para los persecutores.
El populismo penal no es más que politizar la justicia, y colocar en el centro de la guerra política y cultural, como arma de polarización y estigmatización de nosotros vs. ellos, los malvados vs. los buenos, además de la creación de estereotipos violatorios de la dignidad humana como “Caso Medusa”, creando una alarma social con el objetivo de crear valoraciones emotivas y generar la presión mediática deseada para lograr una pena anticipada.
En la etapa en la que me encuentro, a diferencia de lo que muchos creen, es una fase de preparación e investigación, donde se me impuso una medida de coerción alegando que aunque me presenté voluntariamente a la Procuraduría General de la República y me puse a disposición de las autoridades, me voy a sustraer del proceso, pero esta etapa es muy distinta al juicio.
Lo que planteo no son ideas propias, ha sido nuestro Tribunal Constitucional que en su sentencia núm. TC/0380/15 desarrolló la relevancia de distinguir claramente los fines que se persiguen con las medidas de coerción de aquellos que son inherentes a la pena.
Para el Tribunal Constitucional “Las medidas de coerción tienen por finalidad evitar que el procesado se sustraiga al proceso que se le sigue mediante la fuga”, y la pena, por su lado, “cumple entre otras funciones de prevención general y especial, destinadas a evitar que el condenado vuelva a cometer el hecho por el cual se le procesó y para que la sociedad y los terceros se vean disuadidos de cometer delitos ante la amenaza de la aplicación de una sanción penal”.
En su momento, cuando fungía como jueza la actual Procuradora General de la República, en no pocos votos salvados y disidentes mientras presidía la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia exhibió el mismo criterio, que los ciudadanos podían preservar su libertad durante la investigación, y por solo mencionar un expediente emblemático podemos referir el caso Odebrecht, en el que a raíz de un fallo de esta sala los involucrados se encuentran en libertad y ninguno de ellos se ha sustraído del juicio, y reiteramos, proceso en el cual la magistrada Germán rubricó una decisión ordenando la libertad de todos los implicados del caso en la fase de investigación.
Es por ello, y frente a mi inocencia, a los riesgos que representa mi permanencia en un centro penitenciario, de cara a las lacerantes violaciones a mis derechos fundamentales, que he recurrido en apelación la decisión que me impuso prisión preventiva.
Confió en que en esta instancia imperará el derecho y la justicia, prevalecerá mi estado de inocencia y que los jueces apoderados no se dejarán derrotar ni avasallar por el populismo penal, el cual estoy seguro el Ministerio Público ya comenzó, de forma directa o indirecta a presionar a través de publicaciones y opiniones públicas que vulneran mi presunción de inocencia y violentan la objetividad que debe tener el propio Ministerio Público en los procesos, para lograr incidir mediáticamente sobre los jueces.
Contrario a lo que promueve el populismo penal que impulsa el órgano persecutor del delito, nunca me sustraería del proceso, y distinto a lo que sostiene la PEPCA, a más de un año de mi salida del Ministerio Público no han sido destruidas ni han desaparecido las supuestas pruebas, que por demás están y continuarán bajo su custodia y poder.
Yo defenderé mi dignidad, mi honra y mis derechos, y sobre todo, demostraré mi inocencia en todas y cada una de las instancias que así lo requieran, en condiciones de igualdad ante la ley, y en libertad, tal y como se le ha permitido siempre a quienes pueden demostrar su arraigo”.
Los contratos, cuya licitud cuestionan las autoridades, fueron ratificados
El populismo penal, indicó, no es más que politizar la justicia
“A mí se me señala y se me mantiene privado de libertad”, dijo
La frase
Yo defenderé mi dignidad, mi honra y mis derechos, y demostraré mi inocencia en todas las instancias”.
Jean Alain
Exprocurador
En estas audiencias, no me permitieron referirme ni defenderme de las falsedades que se me imputan”
Jean Alain
Exprocurador