El Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional fijó para este martes 17 de enero a las 9:00 de la mañana, la audiencia referente al conocimiento de solicitud de cese de medida de coerción consistente en prisión preventiva al exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez Sánchez.

El exprocurador guarda prisión preventiva desde el 29 de junio del año 2021 en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en San Cristóbal.

El conocimiento de la solicitud se realiza conforme a lo establecido en los artículos 241 del Código Procesal Penal, modificado por la ley 10-15, aunado a lo previsto en el artículo 370 de la misma normativa por ser un proceso declarado complejo.

Ver: Caso Medusa: Jean Alain pedirá hoy su libertad

Mediante auto número 059-2023-TFIJ-00008, el Juez del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, magistrado Amauri Martínez, ordena a la Secretaría del referido tribunal notificar a las partes en ese proceso para el conocimiento de la audiencia.

El Ministerio Público acusa a Rodríguez Sánchez de dirigir un entramado de corrupción administrativa mientras estuvo al frente de la institución en el período 2016-2020, que fue desmantelado con la Operación Medusa.

Leer: Caso Medusa: Pruebas siguen siendo obstáculos; juez da plazos

Además de Jean Alain, proceso se sigue en contra del exdirector de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio Público, Javier Alejandro Forteza Ibarra; el exdirector administrativo, Jonathan Joel Rodríguez Imbert, y Alfredo Alexander Solano Augusto, exsubdirector administrativo.

También, contra Jenny Marte Peña, exencargada de Proyectos, la ex subdirectora administrativa Altagracia Guillén Calzado, así como Rafael Antonio Mercedes Marte, exdirector de Contabilidad.

El proceso también se sigue contra el exasesor Miguel José Moya.

Los imputados del caso Medusa enfrentan cargos criminales por coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado. También, por sobornos, crímenes y delitos de alta tecnología y lavado de activos.

En este caso el Ministerio Público presentó una acusación mediante un voluminoso expediente de 12,274 páginas, acompañado de más de 3,500 pruebas, incluyendo más de 400 testigos. La acusación fue presentada contra 41 personas físicas y 22 empresas.