Vestido con chaleco antibalas y un casco protector, rodeado de decenas de agentes de la Unidad de Traslado de Alto Riesgo fuertemente armado, fue llevado a la cárcel del Palacio de Justicia quien fuera el procurador general de la República en el pasado gobierno, al cual se le acusa de estafa contra el Estado y la comisión de otros delitos junto a sus principales colaboradores.

Jean Alain Rodríguez caminaba en el centro de un «anillo» compuesto por unos siete agentes con armas largas que cubrían todo su entorno. A distancia, decenas de agentes de la misma unidad dispersos en distintos lugares y celosamente vigilante del prevenido.

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Aunque llevaba su mascarilla colocada, en observación del protocolo por el COVID-19, no fue difícil percibir el silencio sepulcrar del exfuncionario, considerado de la línea de confianza del expresidente Danilo Medina (2012-2029), en momentos en que se dirigía a su destino en el estrecho círculo.

Se mostró sereno, con la mirada fija en ocasiones hacia delante. No expresó incomodidad al bajar del vehículo ni tampoco mientras caminaba hacia el edificio. Su paso transcurrió como si se tratara de un proceso que ya había practicado y que, por lo tanto, no había necesidad de darlo a conocer mediante palabras.

Aunque fueron pocos minutos desde el momento en que fue bajado del vehículo hasta su entrada al Palacio de Justicia, en donde se presume pasará la noche, fueron muchos los mensajes no verbales que dejó a su paso. Además, preguntas de periodistas fueron ignoradas.

En el escenario, no faltaron personas que aprovecharon la situación para vociferarle insultos al exjefe del Ministerio Público. Pese al esfuerzo que hizo la prensa por lograr su reacción, no fue posible debido al cerco de agentes que tenía.

Además, las cámaras ni los periodistas no llamaron la atención al prevenido para expresarse. Aparentemente, para él todo estaba dicho hasta el momento y lo demás se conocería en el proceso judicial.

Jean Alain Rodríguez fue dejado bajo arresto la mañana de hoy cuando acudió de manera voluntaria a la Procuraduría General de la República, tras ser objeto de allanamientos tanto en su apartamento como en el de su madre, así como otros realizados a sus colaboradores.

Su nombre volvió a la palestra pública cuando en días pasado se le evitó salir del país a través del Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA), sin que esa medida estuviera motivada por un tribunal de la República. Aparentemente, la orden salió de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción (PEPCA), que preside Wilson Camacho.

En la denominada Operación Medusa, nombre que se le colocó al operativo, también fueron vinculados Rafael Canó, Jonathan Rodríguez, Miguel José de Moya, Rafael Antonio Mercede Marte, Altagracia Guillén Calzado y Javier Alejandro Forteza, entre otras personas.

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Todos son imputados de delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, coalición de funcionarios, falsedad de documentos públicos, robo de identidad, delitos electrónicos y lavado de activos.