Jean Alain Rodríguez, quien hasta hace menos de un año dirigió la persecución penal como procurador general de la República, ahora será un recluso más de la cárcel de Najayo, en San Cristóbal, luego de que ayer la jueza de Atención Permanente del Distrito Nacional le dictó 18 meses de prisión preventiva junto a otros tres imputados del caso Medusa.

Tras haber permanecido detenido por dos semanas en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, el exprocurador escuchó cerca de las 3:00 de la tarde la decisión del tribunal sobre la solicitud de medidas de coerción, consistente en encarcelamiento preventivo contra él, Jonathan Rodríguez, Javier Forteza y Alfredo Solano.

La jueza Kenya Romero motivó la medida dictada contra el exprocurador “en los parámetros de la existencia de riesgo de sustraerse del proceso, debido al alto perfil de la función institucional que anteriormente este desempeñaba como funcionario público”.

De esas funciones, añadió, “se desprende posición de mando que pone en riesgo potencial la obstaculización de los medios de prueba, por lo que los arraigos sociales y patrimoniales ofertados permiten identificar en estado de latencia las facilidades para sustraerse del proceso”.

Otras medidas. A los encartados Rafael Mercedes, Altagracia Guillén Calzado y Jenny Marte Peña se les dictó arresto domicilario e impedimento de salida del país por 18 meses.

Mientras que Miguel José Moya deberá pagar una garantía económica de RD$1 millón, no podrá salir del país sin autorización judicial y deberá presentarse periódicamente ante el Ministerio Público.

“Con relación a aquellos imputados que no otorgó la prisión preventiva, es por ella entender (la jueza Romero), que no tenían los riesgos procesales y el peligro de fuga, en ningún caso por insuficiencia probatoria”, aseguró la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso, directora de Persecución del MP.

Complejidad declarada. La juzgadora declaró complejo el caso seguido contra estos acusados, quienes según las autoridades formaron una red de corrupción que operó desde la Procuraduría General de la República y desfalcó al Estado por más de RD$6,000 millones.