La Policía informó ayer que la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET) tendrá, además del control del tránsito, funciones de combate al crimen y otras derivadas del orden público una vez sea promulgada la ley de reforma policial y la jefatura policial asuma el “control funcional” de ese organismo.

En tanto, el director de la AMET, mayor general Pedro de Jesús Candelier, dijo que el traspaso de ese organismo a la Policía es un «salto al vacío» porque la medida se tomó contra la voluntad del pueblo.

A su vez, el ex director de AMET, Hamlet Hermann, dijo que la medida es una «estupidez» y que se reanudará la «corrupción» de agentes que le piden dinero a los conductores.

Para la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) la ley de reforma policial aprobada por el Congreso Nacional representa «un retroceso» en el proceso de renovación de la institución porque deja de lado importantes iniciativas que habían alcanzado el consenso social.

[b]NUEVO CONTROL[/b]

«La Policía Nacional tendrá el control funcional. En la parte administrativa seguirá funcionando como hasta ahora lo ha hecho, con el perfil de ingreso para sus miembros, sus agentes al igual como lo tienen ahora y su accionar será igual», dijo el coronel Ramón Francisco Rodríguez Sánchez.

Expresó que la parte funcional supone que el oficial director de AMET será un policía y que se establecerá el combate efectivo de la delincuencia, el mantenimiento del orden público y el cumplimiento a las disposiciones establecidas en la ley 241 sobre tránsito.

Señaló que sin importar el rango tanto un general como un mayor general tendrá dependencia de la jefatura de la Policía.

Descartó que se esté produciendo una involución, sino una evolución, y agregó que como prueba está la policía de carreteras de la cual hasta ahora no hay quejas.

«Estamos firmemente convencidos de que tanto por la estructura actual que tiene la AMET como por los adelantos que se han obtenido los ciudadanos no tienen que temer», expresó Rodríguez Sánchez.

[b]LO MENOS[/b]

Dijo que el caso de la AMET es una parte mínima de lo que es la ley de reforma, la cual le otorga entre otras cosas independencia presupuestaria a la Policía.

Aseguró que se trata de “un esfuerzo de toda la institución porque el consenso se pudo conseguir a nivel nacional en la Policía donde muchos oficiales y agentes expresaron qué tipo de institución querían».

[b]FINJUS[/b]

En tanto, José Alfredo Rizek, director ejecutivo de la FINJUS, manifestó que con la reforma «se pierde la oportunidad de reforzar la adecuación de las prácticas policiales con los principios que caracterizan una democracia y un Estado de Derecho».

La nueva legislación policial, dijo, atenta contra la institucionalidad democrática, porque concentra más poderes en el jefe de la Policía y distorsiona la correspondencia que debe tener con el proceso penal y el Ministerio Público.

Precisó que la reforma aprobada elimina la vinculación funcional de la Dirección de Investigaciones Criminales con la Procuraduría General de la República.

Asimismo, añade Rizek, desaparece la posibilidad de que el Procurador autorice o no los traslados de los miembros adscritos al Departamento de Investigaciones Criminales, atribuyendo esa facultad al jefe de la Policía.

Otro aspecto negativo en la nueva ley policial, dijo Rizek, es que en la misma se atribuye al Consejo Superior Policial la función de determinar el procedimiento aplicable internamente en los casos de violación a las leyes y reglamentos, por los miembros de la Policía en servicio, que pudieran configurar en un crimen o delito.

De acuerdo con FINJUS, esta disposición mantendría operando los tribunales policiales en desconocimiento del reclamo permanente de amplios sectores de la sociedad.

«La reforma institucional de la Policía debe redefinir la función de estos tribunales, para que sólo juzguen los actos de indisciplina de los agentes, reservando a la jurisdicción ordinaria el juzgamiento de los actos delictivos y criminales.

Rizek hizo un llamado «enérgico» al Poder Ejecutivo para que en ejercicio de sus atribuciones constitucionales observe la ley de reforma policial y la devuelva al Congreso para que los sectores interesados en la seguridad ciudadana y el respeto de la institucionalidad democrática aporten, para crear un consenso que supere las distorsiones introducidas en el Senado.