Hoy 
POR GERMAN MARTE
El jefe de la Policía, general Manuel de Jesús Pérez Sánchez, debió ofrecer la lista con los nombres de los oficiales que tenían en su poder vehículos robados, como lo solicitó el periódico El Día amparado en la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, afirmó ayer Fabiola Medina, presidenta de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS).
«Después del análisis técnico que hicimos en la fundación entendimos que no tenía razón el jefe de la Policía para rechazar la solicitud que le hizo El Día, y que debió dar los nombres», dijo Medina al participar en el Almuerzo Semanal de los Medios de Comunicación del Grupo Corripio.
Asimismo, considera que se equivoca el secretario de Interior y Policía, Franklin Almeyda, cuando afirma que el nuevo Código Procesal Penal le impide ofrecer los nombres de los oficiales que tenían los referidos vehículos. «Estamos hablando de personas ya sometidas a un proceso formal, no estamos hablando ni de sospecha, ni de rumores, sino de un expediente que ya existe».
El periódico El Día, a través de su director, Rafael Molina Morillo, amparado en la Ley de Libre Acceso a la Información, solicitó al jefe de la Policía la lista con los nombres de los oficiales que tenían en su poder de vehículos robados, pero la institución se negó a ofrecer esos nombres.
Ayer, la fiscalía del Distrito Nacional publicó una lista con los nombres de varios oficiales que tenían en su poder decenas de vehículos robados. La lista está encabezada por el ex jefe de la Policía, Jaime Marte Martínez, quien aparece con siete vehículos.
Los demás oficiales que según la fiscalía tenían vehículos robados son el general de brigada Yuri M. Ruiz Villalona, con cuatro; general de brigada Osvaldo Hernández De la Cruz, con siete; general retirado (r) Pedro Hernández Reynoso, quien tenía diez vehículos en su poder, y el general Ernesto Ovalles Concepción, con dos.
También, figuran el coronel Felipe Manuel Terrero García, con 8 vehículos, y el coronel retirado Fausto Tiburcio Batista con 20 unidades.
Pero todavía la Policía no ha respondido a la petición de que entregue o publique la lista con todos los implicados en el asunto, entre los cuales se dice hay otros oficiales activos y pensionados.
Fabiola Medina dijo que Finjus está en disposición de asistir al diario El Día para cuando tenga que valerse de los recursos jurisdiccionales que sean necesarios contra la posición que tome el secretario de Interior y Policía con respecto al recurso jerárquico «o si no toma ninguna decisión, por omisión; porque él ahora no puede callarse indefinidamente y no decidir sobre el recurso».
La presidenta de Finjus negó que la nueva ley de Acceso a la Información haya venido a limitar el derecho que existía antes.
En cambio, argumentó que anteriormente existía un principio general al cual se le podían poner todos los límites, «pienso que la ley vino a clarificar mucho mejor lo que era un principio constitucional y entiendo que es una ley buena».
Indicó que ahora los funcionarios no pueden escudarse para negar las informaciones que les pidan.
En ese sentido consideró un desacato a la ley la decisión del jefe de la Policía, general Manuel de Jesús Pérez Sánchez, de no entregar la lista con los nombres de los oficiales que tenían en su poder vehículos robados y cuyos dueños así lo habían denunciado ante la institución del orden.
De su lado, Castillo Pantaleón dijo que el caso del Periódico El Día que acogiéndose a la ley solicitó un listado de los oficiales que se habían apropiado de vehículos robados era un ejemplo de la inaplicabilidad de la Ley de Acceso a la Información.
«En general son los mismos actores y las mismas actitudes las que permean a quienes van a desempeñar funciones en las instituciones. Aquí hay una cultura de contumelias (complicidades) que parece que está muy enraizada en la vida social y política del país», dijo Castillo Pantaleón.
