Washington (EFE).- El director de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), Robert Mueller, asumió ayer la culpabilidad en el caso del uso ilegal de la Ley Antiterrorista de EEUU para obtener secretamente información personal sobre ciudadanos estadounidenses.

Mueller ofreció una conferencia de prensa después de que el Departamento de Justicia de EEUU difundiera un informe en el que también señala que a lo largo de tres años el FBI no ofreció información completa al Congreso estadounidense sobre el número de veces que obligó a varios negocios a entregar datos de sus clientes.

Los agentes del FBI en ocasiones exigieron la información sin disponer de la autorización pertinente, según revela el estudio difundido hoy.

El análisis indica que se han encontrado 22 posibles incumplimientos del reglamento interno del FBI y del Departamento de Justicia, algunos de ellos potenciales violaciones de la ley, en el uso de 293 requerimientos de información a ciudadanos.

Esas peticiones (conocidas como “national security letters” en inglés) permiten al FBI grabar llamadas telefónicas y obtener datos financieros y sobre negocios sin autorización judicial.  Con la aprobación de la Ley Patriota, tras los atentados del 11-S, que acentúa las medidas antiterroristas, se eliminó la necesidad de que los agentes federales argumentasen razones específicas para esos requerimientos y actualmente sólo necesitan indicar que son relevantes para una investigación.

Además, en algunos casos, terceras partes, como compañías telefónicas, bancos o proveedores de internet, facilitaron información personal que los requerimientos no permiten dar y el FBI “secuestró” esa información. Los 293 requerimientos citados fueron utilizados por el FBI para obtener grabaciones personales de residentes o visitantes de EEUU.

El uso de esas peticiones ha crecido considerablemente desde los atentados del 11-S, se indica en el informe, que señala que sólo en 2005 el FBI utilizó casi 20.000 de ellas. En la conferencia de prensa ofrecida tras la publicación del estudio del Departamento de Justicia, Mueller indicó que ya se han adoptado una serie de medidas para poner coto a lo ocurrido e insistió en que la culpabilidad plena es suya por no haber ordenado una auditoría interna.

A su vez señaló que los errores no fueron intencionados y que habían sido resultado de una serie de descuidos.

“Mi máxima preocupación es que no vimos los errores”, dijo Mueller, quien subrayó que las “national security letters” son una “herramienta imprescindible” para el FBI.

Las respuestas a lo ocurrido no se hicieron esperar y el secretario de Justicia de EEUU, Alberto Gonzáles, alabó el hecho de que el informe haya sido capaz de poner en evidencia los “problemas serios” en el uso realizado por el FBI de los requerimientos de información a los ciudadanos.

Desde la Cámara de Representantes, el congresista Silvestre Reyes, anunció que se celebrarán una serie de audiencias en la Cámara Baja para esclarecer los hechos.

“Estos errores, aunque igual no fueron intencionados, deben de rectificarse. Tengo la intención de celebrar una serie de audiencias para entender la envergadura de estos problemas y asegurarme que se adoptarán medidas correctivas”, dijo Reyes.

Desde el Senado, el presidente de su Comité Judicial, Patrick Leahy, también anunció la celebración de audiencias en la Cámara Alta.

La Unión de Libertades Civiles (ACLU) emitió, por su parte, un comunicado en el que indicó que el Congreso estadounidense debe actuar “inmediatamente” para que revoque la provisión de la Ley Patriota por la que se aumentaban los poderes del FBI para solicitar “información personal sensible”.

“Este informe no debería sorprender”, agregó el comunicado de la ACLU. EFE