CARACAS.- La salida institucional a la crisis venezolana fue reafirmada ayer por las Fuerzas Armadas del país, que garantizaron la celebración del referendo presidencial si la oposición consigue las firmas que faltan para avalarlo.

El ministro de la Defensa y único general en jefe de Venezuela, Jorge García, dijo que «la Fuerza Armada Nacional (FAN) les garantiza (a los opositores) que si reúnen las firmas que faltan habrá referendo».

«Si confirman las 600.000 firmas que les faltan el referendo se activará, porque nosotros somos una institución seria y apegada estrictamente al cumplimiento de la Constitución», añadió García.

El Poder Electoral anunció el pasado martes que las 1.832.493 firmas válidas, entre las recogidas por la oposición para la celebración de un referendo revocatorio contra el presidente Hugo Chávez, resultaban insuficientes.

Pero todavía puede alcanzarse el mínimo necesario del 20 por ciento del electorado que marca la Constitución para convocar la consulta, si se verifican también como auténticas otras 604.507 de unas 800.000 «dudosas» que deben someterse al consiguiente proceso de confirmación.

[b]Un muerto en protesta[/b]

Un grupo de opositores marchó el jueves en la capital para protestar por las detenciones de unas 300 personas realizadas por los cuerpos de seguridad durante las manifestaciones en favor de un referendo contra el presidente Chávez.

En la capital la protesta fue sin incidentes, por primera vez desde que comenzaron estas acciones el viernes, pero en Mérida la policía dispersó con gases lacrimógenos y balas de goma a decenas de estudiantes que marchaban en esa ciudad, a unos 500 kilómetros al suroeste de Caracas.

En la población occidental de Machiques, estado Zulia, una mujer murió y 10 civiles y cuatro militares resultaron heridos en una confrontación entre manifestantes y guardias nacionales durante una marcha opositora, informó la oficina de prensa de la guardia nacional de Zulia.

Los arrestos de las 300 personas, denunciados por la oposición, sumados a las denuncias de abusos y torturas cometidas contra manifestantes por supuestos militares, han recalentado el ambiente mientras las autoridades electorales agotan negociaciones para lograr un consenso sobre el proceso de revisión de un millón de firmas que presentó la oposición para pedir un referendo que recorte el mandato de Chávez.

El vicepresidente José Vicente Rangel en un comunicado negó que se hayan producido torturas, afirmando que la «oposición forajida pretende enmascarar sus agresiones a la ciudadanía y a la propiedad pública y privada, acusando al gobierno de represivo y de violar los derechos humanos».

[b]Rechaza decisión CNE[/b]

La decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) fue rechazada por la coalición opositora Coordinadora Democrática (CD), aunque también ha abierto un proceso de negociación con el organismo sobre el método de confirmación, bajo facilitación de la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Centro Carter (CC).

El ministro de la Defensa recordó que las firmas dudosas «no han sido anuladas, sino que van a ser verificadas por los propios ciudadanos» para que no queden dudas sobre su validez.

García señaló que la decisión de someter a confirmación las firmas dudosas es «la más justa y transparente», pues de esa manera quedará claro si son falsas.

El proceso de confirmación de las firmas dudosas se celebrará en la segunda quincena de marzo y será supervisado por la OEA y el Centro Carter, dijeron sus representantes.

El CNE precisó que el resultado final, sobre la celebración o no del referendo, se conocerá a finales de mes.

El liderazgo opositor también llamó a sus seguidores a mantener la presión en la calle en defensa de los 3,4 millones de firmas que asegura haber conseguido, y para «exigir» que el organismo «rectifique» su decisión.

Durante los disturbios de los últimos días, que comenzaron el 27 de febrero y se concentraron en los acomodados sectores del este de Caracas, han muerto al menos seis personas, medio centenar resultaron heridas, varios centenares fueron detenidas y se registraron millonarias pérdidas materiales.

La violencia callejera amainó en las últimas horas y sólo persistían esporádicas escaramuzas entre manifestantes y fuerzas de seguridad en puntos aislados de la capital.

Las principales organizaciones defensoras de los Derechos Humanos emitieron el martes un comunicado en el que criticaron el uso de «fuerza desproporcionada» por parte de la Guardia Nacional (policía militarizada) para controlar las protestas opositoras.

También «condenaron» a las policías de varios municipios regidos por alcaldes de oposición por «su participación directa en la alteración del orden» y por actuar como sus «brazos armados».

[b]Embajador ONU deja el cargo[/b]

NACIONES UNIDAS (EFE).- El embajador de Venezuela ante la ONU, Milos Alcalay, presentó ayer su dimisión por su desacuerdo con la política de represión del gobierno del presidente Hugo Chávez, el deterioro de la democracia y las violaciones de derechos humanos. El diplomático envió ayer una carta al ministro venezolano de Relaciones Exteriores, Jesús Pérez, para anunciar su decisión, antes de informar al personal de la misión y ofrecer una rueda de prensa en la que dejó claro que se pondría a disposición del gobierno nuevamente si la situación cambiara radicalmente.

Alcalay -que estaba a punto de dejar la misión ante la ONU para ocupar el cargo de embajador en el Reino Unido- también denunció la «bipolarización» que se vive en su país, que «ha afectado no sólo la vida de cada uno de mis compatriotas», sino también a la «imagen» y las relaciones del país con exterior.

Según dijo, un representante permanente ante la ONU no puede venir a debatir y defender temas como los derechos humanos «y ver las escenas» que se están dando en Venezuela.