El jefe de la Policía, mayor general Rafael Guillermo Guzmán Fermín, valoró como positivo para el país y la Jefatura de la Policía Nacional el informe sobre los Derechos Humanos dado a conocer ayer por los Estados Unidos, en el cual se destaca  la «mejora de las condiciones de entrenamiento profesional» de los agentes del orden y la reducción en un 25%  de las muertes de presuntos delincuentes en enfrentamiento con policías.

El informe resalta, además, que durante el pasado año se registró una reducción de 109 casos en relación con el año 2008, para un porcentaje de 25%. De manera precisa en el 2008 se produjeron  de 455 en acciones legales, en tanto en el 2009 se redujo a 346, pero en ninguna de sus consideraciones habla de corrupción policial en el país.

En tal sentido, el jefe de la Policía sostuvo que la institución del orden tendrá plena satisfacción el día que en el informe no aparezcan muertes de policías ni de delincuentes, pero que conscientes de qué nuestra misión es riesgosa mantendremos sin desmayo la persecución contra todo el que cometa actos reñidos con la ley, aún costa de nuestras vidas.

Dijo que si bien es cierto que han ocurrido algunos excesos en las actuaciones de los policías en defensa de la sociedad, la Jefatura ha procedido de inmediato a poner a disposición de la justicia ordinaria a los involucrados, para que respondan por sus hechos.

Empero, alertó que el informe en cuestión unifica la situación de Haití con la de República Dominicana, pero que nuestros hermanos vecinos viven realidades muy distintas en cuanto al respeto de las garantías constitucionales y respeto a los derechos humanos.

Garantizó que el informe correspondiente al año en curso de seguro reflejara mayores mejorías para la Policía Nacional, ya que se adoptan las medidas necesarias para que ello ocurra.

Recordó que años anteriores las denuncias de torturas y abuso policiales eran frecuentes en los medios de comunicación y organismos internacionales, situación que amerito la entrada de fiscales en los destacamentos para garantizar los derechos constituciones de los detenidos, lo cual hoy constituye una excepción.