AP. Grupos que defienden los derechos de las personas que perderán la nacionalidad dominicana por ser descendientes de extranjeros sin residencia legal cuestionaron hoy la defensa que hizo en Cuba el presidente Danilo Medina de la medida para naturalizarlos.   

“Ese plan de regularización (del que habló Medina) intenta desnacionalizar a un grupo de personas para luego naturalizarlas”, lo cual “viola los derechos humanos”, explicó a periodistas Roque Féliz, director del jesuita Centro Bonó.

Féliz insistió en que el plan de regularización sólo debe ser aplicado a los inmigrantes y no a los dominicanos de ascendencia haitiana, que tienen documentos de identidad de este país.

El plan de regularización de extranjeros que tiene previsto poner en marcha este año el gobierno incluye una ley especial para naturalizar a las miles de personas, en su mayoría descendientes de haitianos, que por disposición del tribunal constitucional perderán la nacionalidad debido a que sus padres carecían de permiso de residencia.

Medina defendió su plan de naturalización el miércoles ante las decenas de gobernantes reunidos en La Habana en la II Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

“No es cierto en que la República Dominicana se le ha quitado la nacionalidad a nadie; yo no le puedo quitar lo que no tenían”, dijo Medina al responder las críticas del primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves, quien consideró que el proceso de desnacionalización de República Dominicana viola los derechos humanos.

El grupo Reconoci.do, que ha documentado miles de casos de personas a quienes el registro civil les niega copias de sus documentos de identidad debido a su origen haitiano, insistió el jueves que a diferencia de las afirmaciones de Medina, en el país “sí existe un proceso de desnacionalización”.

“Estamos registrados en el registro civil y tenemos actas” de nacimiento dominicanas, dijo en conferencia de prensa Juan Telemin, uno de los voceros de Reconoci.do. Recordó que el tribunal constitucional ya ha emitido desde septiembre pasado tres sentencias en las que ordena emprender acciones judiciales para anular la nacionalidad de igual número personas por ser descendientes de inmigrantes haitianos sin residencia legal.

El tribunal constitucional ordenó el 23 de septiembre en una sentencia inapelable que el registro civil abra procesos judiciales individuales para anular la nacionalidad de todas las persona nacidas en el país después de 1929 cuyos padres sean extranjeros sin permiso de residencia.

Diversas organizaciones de derechos humanos estiman, con base en una encuesta auspiciada por Naciones Unidas, que unos 210.000 descendientes de inmigrantes haitianos perderán la nacionalidad dominicana. La Junta Central Electoral, que administra el registro civil, insiste que sólo 13.000 descendientes de haitianos serán afectados.

José Ramón Fadul, presidente del Consejo Nacional de Migración, respaldó las declaraciones de Medina en Cuba, al insistir que el proceso de regularización y naturalización forman parte de la política migratoria interna. “El presidente habló lo que tenía que hablar, nosotros no negociamos nuestra soberanía”.