El 9 de agosto del 2001, el presidente Hipólito Mejía promulgó la Ley No. 137-01 mediante la cual se pensiona, conforme con los reglamentos que regulan el sistema de seguridad social y de pensiones de los miembros de las Fuerzas Armadas Dominicanas y de la Policía Nacional, a todos los militares y policías que se encontraban fuera de las filas de cualquier rama castrense o policial, por haber participado en la gloriosa Guerra Constitucionalista, iniciada el 24 de abril de 1965.

El Acto Institucional es la pieza jurídica sobre la cual descansa la legalidad política de la que hemos venido disfrutando en los últimos 39 años.

El Acto Institucional contemplaba, junto con la instalación de un gobierno provisional, la reintegración de los militares y policías constitucionalistas a sus cuarteles. Pero, esto último no se cumplió. Durante el llamado gobierno de «los doce años» los militares constitucionalistas fuimos desterrados, perseguidos y encarcelados. No se nos reconoció nuestro status de militares ni se no permitió la visita a ningún cuartel ni a ninguna base naval. Y los que pudimos escapar de la represión yanqui balaguerista de esos años, nos vimos obligados a olvidarnos de nuestra profesión militar y a dedicarnos a otros menesteres.

Este redactor, gracia a la ayuda de sus padres, pudo concluir sus estudios universitarios y especializarse en el extranjero, lo que le permitió dedicarse por entero a la cátedra universitaria, a la redacción de libros de texto, a servir en organismos internacionales y al periodismo de opinión.

Para pensionar a los militares y policías constitucionalistas que se encontraban fuera de las filas, el gobierno del presidente Mejía debió llamarlos a todos al servicio activo, ascenderlos a rango inmediatamente superior, y pasarlos inmediatamente a retiro con beneficio de pensión por haber cumplido más de 60 años de edad. Lamentablemente, esto sólo el mandatario lo hizo con algunos.

Los ascensos, que fueron muy pocos, a favor de militares y policías constitucionalistas fueron por decreto del poder Ejecutivo. Los mismos fueron publicados en la Gaceta Oficial.

Cuando hablamos de ascensos a favor de militares y policías constitucionalistas no nos referimos a aquellos rangos transitorios correspondientes a las funciones que debido a las circunstancias imperantes en la Revolución de Abril hubimos de desempeñar algunos que otros oficiales subalternos sino a los otorgados por el presidente coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó de acuerdo con la Constitución y, las leyes de la República. A este redactor no se le ocurriría jamás reclamar una pensión como coronel del Ejército o como general jefe de la Policía Nacional por el hecho de haber comandado tropas en la Guerra de Abril o por haber servido como Jefe de la Policía Militar Constitucionalista.

Por ser nuestras Fuerzas Armadas esencialmente obedientes al poder civil, los jefes militares no están en capacidad ni en derecho de decidir sí el doctor Rafael Molina Ureña y el coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó fueron o no presidentes constitucionales; tampoco pueden nuestros generales y almirantes calificar de válidos o no los actos y las disposiciones del Gobierno Constitucionalista.

)Que acaba de pasar con las pensiones de los militares constitucionalista?

Que algunos militares constitucionalistas fueron pensionados de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes; que algunos oficiales constitucionalistas fueron pensionados con rangos que no tenían al concluir la guerra de abril: que algunos cabos y sargentos constitucionalistas por razones que nada tiene que ver con lo castrense fueron investidos con rangos de oficiales superiores y pensionados como tales; y que algunos militares constitucionalistas no se les otorgó la pensión a la cual tenían derecho.

También ocurrió que algunos combatientes civiles de la guerra de abril fueron llamados a las filas de las Fuerzas Armadas con rangos de oficiales superiores (mayores, teniente coroneles y coroneles); y que civiles que no participaron en la guerra de abril y que nunca habían pertenecido ni a las Fuerzas Armadas ni a la Policía Nacional fueron investidos con rangos de oficiales y llamados al servicio activo.

Además de luchar por la vigencia de la Constitución del 63 y por la vuelta al poder del depuesto presidente Bosch, los oficiales constitucionalistas, luchamos en la Guerra de Abril para que el Escalafón Militar y las leyes de la República fueran respetadas. Por lo que ninguno de nosotros debió de ser cómplices de la inobservancia de esos edictos.

Este redactor es un militar constitucionalista de carrera, egresado de la Escuela Naval y de la Primera Promoción de la Academia Militar Batalla de las Carreras.

El capitán Lorenzo Sención y el teniente de navío Jesús de la Rosa y otros cuyos nombres figuran en la tarja conmemorativa de la Primera Promoción de Cadetes General Juan Pablo Duarte de la Academia Militar Batalla de las Carreras no disfrutan de sus pensiones porque sus documentos y record de militares dizque se «extraviaron», )Casualidad o represión política?

El capitán Lorenzo Sención y quien esto escribe hemos acordado no elevar ningún tipo de reclamo ante ninguna instancia para que se nos reconozca nuestros derechos como militares constitucionalistas. Gracias a Dios tenemos con que y de que vivir; disfrutamos de muy buena salud y nos sobran las oportunidades de trabajo.

Hace ya 39 años que la Guerra de Abril terminó y ya no nos pueden hacer más daños que las maldades que nos hicieron.