A un mes del colapso en la discoteca Jet Set, donde 233 personas perdieron la vida y decenas resultaron heridas, la sociedad dominicana continúa con el alma rota por el duelo y con muchas preguntas también.

Familiares y comunidad artística han rendido tributo al merenguero Rubby Pérez, quien ofreció su último concierto el pasado 8 de abril, la noche de la tragedia.

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Las inmediaciones de la discoteca se han convertido en un santuario de velas encendidas, oraciones y mensajes de quienes claman justicia y se preguntan sin cesar, qué fue lo que provocó que el techo de un centro de elite se desplomara esa noche.

El miércoles se supo que la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (ONESVIE), avanza en la investigación para determinar la causa del desplome y hace unas horas el Ministerio Público incautó las ruinas o lo que queda de la discoteca.

Por otro lado, las demandas por daños y prejuicios ya superan largos millones de pesos, aunque solo unas pocas familias han formalizado sus querellas.

Respecto a asistencia y apoyo, tanto el Gobierno como la administración del Jet Set han activado canales para apoyar a las víctimas. Según comunicado, estos incluyen ayuda psicológica, económica y legal.

Sobre el empresario Antonio Espaillat, propietario de la emblemática discoteca, recientemente dieron a conocer que suman abogados penalistas a su defensa.

Hace dos semanas, Espaillat, quien se disculpó con el pueblo dominicano, en una entrevista televisada, se puso a disposición del Ministerio Público para colaborar con las investigaciones, pero cuatro días después medios reseñaban en titulares con letras grandes que la Procuraduría General de la República investigaba sus empresas con el objetivo de supuestamente congelar transacciones de bienes y comercios, como medida cautelar a favor de querellantes.

Respecto a las consecuencias legales que podría enfrentar el empresario , la penalidad máxima prevista por el Código Penal Dominicano es de dos años de prisión.