Una lista con los nombres de tres jueces y personal del Cuarto Tribunal Colegiado de Santo Domingo fue encontrada en uno de los vehículos de imputado principal

José Ángel Gómez Canaán (Jochi) habría accedido a información confidencial sobre la investigación de la Procuraduría General de la República relativa a la licitación de la red de semáforos del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT). Igualmente mantenía «actividades de seguimiento e inteligencia» a varios miembros del Poder Judicial.

La aseveración está contenida en la solicitud de de medida de coerción, la cual fue aplazada por la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional para mañana martes 8 de octubre a las 2:00 de la tarde. El Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva y que se declare la complejidad del caso, denominado “Operación Camaleón”.

La acusación abarca al exdirector del INTRANT, Hugo Beras; Frank Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de tecnología; Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico; Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero, Carlos José Peguero Vargas y Jochi Gómez, propietario de la empresa Aurix y Transcore Latam detenidos desde el pasado miércoles.

Según la solicitud de medida de coerción, en el INTRAN se conformó una estructura de corrupción para beneficiarse con contratos millonarios ilegales que supuestamente buscaban estafar al Estado en el proceso de licitación que fue adjudicado a la empresa Transcore Latam por RD$1,317,350,997.
Infiltración.

Entre las evidencias encontrada en la residencia de Gómez está una copia de una solicitud que hizo la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) a la Contraloría General donde se pedían datos de los pagos que hizo el INTRANT a la empresa Transcore Latam. Otro documento encontrado fue una solicitud de investigación especial a la Unidad de Antifraudes de la Contraloría.

La Procuraduría sostiene que el imputado «tenía la investigación del Ministerio Público infiltrada» porque poseía documentos confidenciales y esenciales.

Agrega que Gómez realizaba «actividades de seguimiento e inteligencia» a jueces y miembros del Poder Judicial, encontrándose en su vehículo un documento con los nombres de los jueces del Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional: Keila Perez Santana, Elias Santini Perrera y Arisleyda Méndez Batista, así como de abogados ayudantes, alguacil de estrado, oficinista, alguacil. A Gómez también se le acusa de instalar en los semáforos un sistema de cámaras para vigilancia ilegal y un uso distinto al del contrato.
nuevos imputados.

El titular de la Pepca, Wilson Camacho, declaró que la solicitud presentada incluye 245 medios de prueba, una cantidad que considera más que suficiente para respaldar cada una de las afirmaciones del órgano acusador.

Asimismo, detalló que continúan las diligencias investigativas, lo que podría derivar en la incorporación de nuevos imputados y acusaciones al esquema de sobornos.

“Se trata de un proceso con delitos graves, en el cual están incluidos la estafa contra el Estado, desfalco, coalición de funcionarios, lavado de activos y el sabotaje a la red semafórica del Gran Santo Domingo”, añadió Camacho, tras confiar que los imputados serán enviados a prisión.