Hoy 
Jochy Gómez
«Jochi» Gómez, imputado por sabotaje, lavado, robo de identidad y otros señalamientos en la operación Camaleón, que desmanteló una presunta red contra el Estado, desde el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) intervenía en las diligencias investigativas del Ministerio Público sobre el caso.
Así lo aseguró el órgano acusador en la solicitud de medida de coerción contra Gómez y otros nueve encartados, basado en las presuntas evidencias halladas en la residencia del señalado el pasado miércoles 2 de septiembre.
La instrumentación indica que Gómez tenía en su poder dos cartas de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), dirigida al contralor general de la República.
«Es evidente que el mismo monitoreaba e intervenía en las diligencias investigativas que llevaba a cabo el Ministerio Público, lo que justifica la necesidad de la medida de coerción», dice la acusación.
La operación Calamar ha sacudido las estructuras de poder con la detención de siete personas acusadas de pertenecer a una red de corrupción y crimen organizado que ha afectado gravemente al Estado. Uno de los principales señalados es el exdirector del Intrant, Hugo Beras, quien supuestamente autorizó contrato con la empresa Transcore Latam S.R. L, de Jochi Gómez, por más de RD$1,300 millones.
Beras es acusado de liderar el fraude y adjudicar contratos millonarios a empresas sin las capacidades técnicas para gestionar proyectos clave, como la red semafórica y el sistema de videovigilancia en el Gran Santo Domingo.
