Con una tradición política donde la maniobra artera sustituye la acción institucional, ninguno de los partidos que han dirigido la nación está libre de pecado. Por eso, no puede reputarse de “coincidencia” que el senador que coordina el proceso de selección de los futuros miembros de la Junta Central Electoral sea el mismo ciudadano beneficiado por una sentencia que, en el año 2010, lo instaló como representante de la provincia de Pedernales en el marco de una reñida competencia.
Aunque resulte irónico, la decisión emanada del Tribunal Contencioso tenía la firma de John Guiliani. Aquello podría reputarse de historia y fascinación por orquestar elecciones desprovistas de reglas elementales y respeto a normas de decencia. No obstante, frente a un escenario para estructurar la nueva Junta Central Electoral, esos antecedentes arrojarían luz en un ejercicio de contubernios, retribución de viejas deudas y formulación de una cabeza de esa instancia a imagen y semejanza del interés hegemónico de un sector del PLD.
John Guiliani tiene diez años anclado en el sistema electoral dominicano y su desempeño como miembro del Tribuna Superior Electoral (TSE) representa una pieza de escarnio para el adecentamiento institucional del país. Formalmente, la Cámara de Cuentas emitió un informe donde aparece recibiendo pensión y salario en franca violación a la ley. De paso, en los archivos de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) su nombre se incluye en más de tres casos. Además, si existe una manifestación de repulsa pública respecto a las Altas Cortes, todas las encuestas serias señalan que el TSE no merece la consideración de la ciudadanía. Y así quieren imponerlo!
La estrategia para legitimarlo como un ente aislado de los partidos provocó que el depósito de su documentación ante el Senado tenga un tufillo a sectores colindantes de la sociedad civil para en ese ejercicio de simulación partidaria se le valide como un individuo distante de los intereses políticos. Pero no, llevar a John Guiliani a la presidencia de la Junta Central Electoral constituye el acto de aberración y degradado uso de una mayoría senatorial divorciada de una nueva realidad social donde los resultados electorales favorables no se pueden reputar de licencia para el atropello y desconocimiento de aspiraciones éticas impostergables.
Al PRD, PRSC, PRM y PRSC se le debe convencer de que las funestas experiencias desprendidas de la articulación de un organismo electoral integrado por mensajeros de oficio de los partidos sirvió de base en todo el proceso de degradación de la actividad partidaria. Aspirar a un cambio real no puede asumirse como la sustitución pura y simple del legítimo derecho que, desde el punto de vista constitucional, tienen los senadores. No es la intención. Inclusive, el maniqueísmo de algunos respecto de que los impulsos provenientes de sectores económicos y de la sociedad civil tendentes a limitar los activistas políticos en la JCE obedecen a un plan para liquidar a sectores políticos, es una tomadura de pelo. Lo cierto es que la noción de piñata prevalece en la lógica de los falsos demócratas porque no pueden someterse a la consideración de árbitros auténticamente independientes.

A Danilo Medina no le conviene que su mayoría electoral sea una versión calcada del diseño de control y blindaje del año 2010.

John Guiliani se exhibe de seguro Presidente de la JCE apelando a colindancias de carácter familiar con el primer mandatario. Y eso es peligroso. Es a Danilo Medina que no le conviene una Junta Central Electoral hecha a imagen y semejanza.